29 de septiembre de 2024
Tierra de Negocios SA
Indert concreta una parte del canje de Chino Cue
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó ayer sobre la transferencia de las primeras 24.000 Ha. del Chaco a la firma Tierra de Negocios, como parte del canje por Chino Cue (Alto Paraná). Se trata de la cuestionada operación en la que el ente se comprometió a pagar US$ 13,5 millones a una firma con papeles de dudosa procedencia.
Presunto testaferro sigue trabajando para la firma que compró Chino Cue
El presunto testaferro que compró 9.104 ha de Chino Cue en 2008 y meses después transfirió el inmueble a Tierra de Negocios, supuestamente por US$ 5,4 millones, sigue trabajando hasta hoy para el mismo grupo empresarial, dedicado al sector agrícola y afines. Se trata del Ing. Agr. Héctor Garay Peralta, empleado de Tecnomyl SA.
Juez de CDE, involucrado en “negocio” de Chino Cue
El juez penal de Ciudad del Este, Amílcar Antonio Marecos Reyes, fue uno de los involucrados en el “negocio” de Chino Cue. Al poco tiempo de comprar estas tierras de Itakyry (Alto Paraná) las revendió a Tierra de Negocios SA en el 2008. Pese a que en esa época era asesor legal del mismo grupo empresarial, en entrevista con ABC negó que haya actuado de testaferro, alegando que él quería dedicarse al rubro de la agricultura.
Seprelad investiga a la empresa que busca indemnización por Chino Cue
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a organismos internacionales sobre las operaciones de Tierra de Negocios SA, que pagó US$ 3,7 millones en efectivo por una parte de Chino Cue y que ahora pretende una indemnización del Estado de US$ 13,7 millones por la expropiación de esas tierras.
Hablan de poder apócrifo
La empresa Tierra de Negocios SA, representada por Carlos Palacios –abogado del Grupo Cartes–, sostiene que el poder sobre las tierras de Chino Cue otorgado en Brasil es “apócrifo” y que el rubricado en Japón, sobre el cual se basó su transacción, es el legítimo. Sin embargo, este grupo hasta ahora no explica por qué aparece una firma completamente distinta de Zuisho Hayashi en sus documentos, si se la compara con la que aparece en un primer mandato que dio el japonés en 2004 para cobrar la indemnización establecida en la ley de expropiación del 2003.
Procuraduría he'i jey nomoirûiha negociado Indert-pe
Roberto Moreno omombe'u ome'ê hague Chinokue rehe peteî opinion mba'emimi rehe, ha pepevénte.