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En las ediciones anteriores publicábamos la situación de los presuntos testaferros que utilizó Tierra de Negocios SA (TNSA) para comprar Chino Cue (distrito Itakyry, Alto Paraná), en el marco de extrañas transacciones con numerosos cuestionamientos. Pero, ¿quiénes están realmente detrás de este y otros “negocios”?
Se trata de un grupo empresarial reconocido en el sector del agro, con firmas de cierto prestigio como Agrofértil, Tecnomyl, Produza y otras. Los dueños son empresarios brasileños de apellido Sarabia: José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar, Humberto y otros.
El Grupo creó TNSA exclusivamente para la operación de Chino Cue, según datos extraoficiales, para no involucrar a las mencionadas firmas en la cuestionada transacción que, recordemos, incluyó el pago de US$ 3,4 millones ¡en efectivo! y la supuesta presencia de los orientales, dueños originales de las tierras, sin que Migraciones haya registrado sus ingresos.
Para tener una idea de por qué habría interés de proteger el nombre de las demás empresas, podemos mencionar que entre Agrofértil y Tecnomyl aportaron al Fisco G. 25.242 millones en el 2013, liderando el ranking de empresas agrícolas contribuyentes. El dato había informado José Marcos Sarabia a inicios de año, en entrevista con ABC.
Pero más allá de esta imagen de legalidad que los empresarios intentan proyectar, no se pueden esconder los procesos que tuvieron como protagonistas al Grupo y que fueron investigados por la Contraloría, Fiscalía y otros entes como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), en diferentes años (ver infografía).
Procesos investigados
Tecnomyl, por ejemplo, estuvo involucrada en el caso de venta de bonos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. La Contraloría General verificó en 2006 que dicha Caja había perdido US$ 167.000 en la compra de bonos del Estado de la mencionada empresa (G. 900.130.000 al cambio de esa época, de G. 5.390). La entidad de jubilaciones había realizado en total cuatro operaciones con esta firma, en diciembre de 2004 y marzo de 2005.
En el 2008, la fiscala María Bernarda Álvarez investigó una aparente evasión fiscal de Tecnomyl, tras la retención de 8.000 kilos de fungicidas importados. La intervención se hizo a solicitud del Senave, cuyos funcionarios detectaron características llamativas en la importación sobre irregularidades. El cargamento estaba valuado según los documentos en US$ 1.035.680, pero se abonaron solo G. 267.267 por impuestos.
En el 2013, a través de presuntos testaferros, Agrofértil intentó comprar 25.000 hectáreas en el departamento de Boquerón, pertenecientes al Instituto Nacional del Indígena (Indi), a precios subvaluados, menos del 10% de su valor real. El grupo empresarial de los Sarabia adquirió por apenas G. 1.250 millones la propiedad que, según los datos, valían entonces G. 15.000 millones. Tras la denuncia de la prensa, que hablaba de varios delitos tipificados por la ley, incluidos lesión patrimonial y atropello de la Constitución Nacional, la operación fue finalmente revocada.
Asimismo, en abril de 2014, el Senave decomisó 500 kilos de agroquímicos vencidos, distribuidos según la documentación por la empresa Tecnomyl. El producto incautado, denominado Methomyl SP es un insecticida de alta toxicidad (franja roja), cuya fecha de vencimiento era 20 de diciembre de 2013; sin embargo, estaba siendo transportado para su comercialización a nivel local. Este proceso aún no fue finiquitado, según informes del ente público.
No se hace encontrar
Intentamos conversar con José Marcos Sarabia para tener su versión sobre cada uno de estos casos, pero desde hace dos semanas su asistente nos dice que él se encuentra de viaje. Ayer llamamos nuevamente, pero no dimos con él, por lo que enviamos un correo, cuya respuesta será publicada inmediatamente después de ser recibida por ABC.
gbenitez@abc.com.py