Un grupo de abogados, encabezado por Julio César Pallarolas, presentó ayer una nota al presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR, Añetete), en la que advierten que existe una denuncia pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra magistrados que desampararon a un grupo de 267 vecinos por la instalación de una subestación de alta tensión eléctrica en agosto de 2017. Entre estos magistrados se encuentra Alma Méndez de Buongermini, ternada para la Corte Suprema de Justicia.
El incendio que afectó el martes último a la subestación Tres Bocas de la ANDE, emplazado en la Zona Sur de Fernando de la Mora, sin dudas fortalece la oposición de representativos grupos de vecinos (Mburucuyá, barrio Molino, Luque) a la decisión de la estatal de instalar subestaciones, incluso en zonas residenciales.
Alrededor de las 18:00 de ayer, el servicio de las ocho líneas de distribución que suministran energía eléctrica a Villa Elisa, Ñemby y Zona Sur de Fernando de la Mora fue normalizado, destacaba un boletín oficial de la ANDE que remitió a la prensa en esa hora.
FERNANDO DE LA MORA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Ayer, cerca de las 09:00, se registró un incendio en la celda de distribución de 23.000 voltios de la subestación de la ANDE en la Zona Sur de esta ciudad. A raíz del hecho, unos 24.000 clientes de la estatal de esta y otras tres ciudades quedaron sin energía eléctrica durante varias horas. La reacción de los afectados se hizo sentir en las redes sociales.
LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). La abogada Rosa Martínez de Vacchetta presentó ayer en la Intendencia de Luque un urgimiento para reconsiderar la aprobación de los planos y planillas del proyecto de construcción de la subestación de la ANDE. La nota está dirigida al intendente Carlos Echeverría (ANR).
Vecinos del barrio Mburucuyá promovieron ayer una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y segunda instancia que favorecieron a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el marco de su plan de construir una subestación en el barrio Mburucuyá de Asunción. Los afectados sostienen que las sentencias son arbitrarias y nulas.