presión política

EUGENIO A. GARAY (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Productores de tomate de Eugenio A. Garay denunciaron que fueron presionados por funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) a contratar a una empresa de un familiar del gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR), para una inversión de G. 364 millones en obras de infraestructura, que se realizarán con recursos de los bonos soberanos.

El fiscal Carlos Arregui sostuvo estar sorprendido por la decisión del Ministerio Público de destituirlo de la Unidad Anticorrupción. Dijo estar cada vez más convencido que existió presión política tras su remoción, y no descartó dejar la institución.

Una sorpresiva decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados caldeó los ánimos en esferas judiciales. Se trata de la suspensión del juez en lo laboral Tadeo Zarratea, por haber dispuesto la reincorporación de dos funcionarias de la Entidad Binacional Yacyretá –ambas dirigentes sindicales– como medida cautelar. El magistrado afirmó que la medida tiene un trasfondo político, debido a su extracción liberal y advirtió la abierta injerencia del poder político sobre las decisiones del Poder Judicial. Zarratea se inhibió de las causas investigadas y de otras 25 que involucran a la EBY, que se tramitaban en el juzgado a su cargo.

CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, corresponsal). Familiares y vecinos del suboficial Blas de Jesús Torales, quien presta servicios en la ciudad de Acahay, manifestaron que temen por la vida del uniformado, quien aparentemente por influencias de políticos será trasladado a Concepción. Alegan que detrás de dicha disposición estarían presumiblemente políticos de esta comunidad y el vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara.

El abogado Rolando Cáceres, uno de los defensores del extitular del Indi, Rubén Quesnel, denunció supuestas presiones políticas para culpar a su cliente e, inclusive hizo referencia, en forma indirecta, a un expresidente y a su entorno.