CURUGUATY. El agente fiscal Lucrecio Cabrera informó que abrió varias carpetas de investigación contra líderes indígenas quienes encabezan los bloqueos de rutas permanentemente en el departamento de Canindeyú, y cobran peaje a los transportistas para permitir el paso. El repudio por la acción, hasta ahora impune, es generalizado por parte de la ciudadanía.
El periodo de cuarentena por la pandemia del COVID-19 hizo que se registraran unos 500.000 viajes menos en ruta hasta Semana Santa, según informó el Departamento Tasas de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Este domingo se registró un escaso movimiento de vehículos en la zona del peaje del puente Remanso, según los reportes. Aunque el número de personas en circulación es menor, automóviles con mercaderías transitan sin inconvenientes.
Fueron habilitados para la circulación los 113,7 km de duplicación de la Ruta 7, desde el Km. 183 de Caaguazú hasta el Km. 296,7 en Alto Paraná. En la zona también están habilitados puestos de peaje con las tarifas establecidas por Tape Porã.
La Cámara de Diputados aplazó por 22 días el proyecto de ley que plantea derogar la Ley N° 1515/99, “Que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a firmar convenios para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de rutas y caminos no pavimentados en la Región Occidental”.
En la mañana de ayer la Secretaría General del Ministerio de Obras Públicas emitió un memorándum por el que solicita auditar de manera urgente la licitación para la operación de los puestos de peaje, en la que el oferente que está más cerca de ser adjudicado (Ramón C. Álvarez-CDD) habría presentado datos falsos en su oferta. La nota está firmada por el jefe de gabinete y secretario general, abogado Esteban Sarubbi.