29 de agosto de 2025
Al aplicar una tarifa por debajo del costo, según la Nota Reversal de 1992, no ratificada por el Gobierno paraguayo, los directivos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cometen un delito de acción penal pública, señala el abogado Walter Cardozo, quien formuló una denuncia ante la fiscalía por lesión de confianza. También fue denunciado el asesor jurídico de EBY, Luis Canillas.
En la resolución por la cual desestima la denuncia contra autoridades paraguayas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el juez Paublino Escobar asegura que el director y los consejeros, tanto actuales como los anteriores, no han causado daño patrimonial por la aplicación ilegal de la Nota Reversal del 92. Argumenta que son las altas partes las que deben dirimir el tema por los medios diplomáticos.
El juez penal de garantías Dr. Paublino Escobar Garay hizo lugar al pedido de desestimación de la denuncia contra personas innominadas por lesión de confianza que afecta el patrimonio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Hizo el pedido la agente fiscal Victoria Acuña. Pese a los informes de la Contraloría al respecto, para el Ministerio Público no existen suficientes elementos para probar existencia del daño.
Ante la recomendación emanada de la Contraloría General de la República (CGR) a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para que inicie los trámites en instancias de un arbitraje internacional para dirimir la controversia que generó la aplicación ilegal por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 (NR 92), el Ing. Germán Escauriza advirtió que esa vía no es la más recomendable.
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó, en una auditoría financiera, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que no haya tomado las medidas tendientes a defender el ordenamiento jurídico con respecto a la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992 en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y sugiere un arbitraje internacional.