30 de noviembre de 2024
desalojo sin orden judicial
Denuncian a intendenta por desalojo sin orden
MBOCAYATY (Carlos Ávalos, corresponsal). Denunciaron a la intendenta de este distrito del Guairá, Norma Godoy de Ibarra, y a la concejala departamental, María “Chiqui” Benítez, quien es su sobrina, ambas del Partido Colorado, por supuestos hechos de invasión de inmueble, coacción grave y hurto. El conflicto se habría originado por la posesión de un campo comunal en esta comunidad.
Productores contaron cómo Indert violentó sus derechos sobre tierras
Productores de Santa Lucía de Itakyry (Alto Paraná) denunciaron al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por violentar sus derechos, pues fueron desalojados de sus viviendas pese a que contaban con ocupación, posesión y documentos de propiedad. La presentación se hizo ayer ante la prensa, en Asunción.
Indert quiere dar otro nombre a cruel desalojo, pero la ley dice otra cosa
El Indert sostiene que no hubo desalojos en Santa Lucía (Alto Paraná), sino que “una cesación de hecho punible”. Sin embargo, fotografías, videos y testimonios de pobladores lo desmienten. Además, la ley dice otra cosa para este tipo de situaciones. En un operativo encabezado por Justo Cárdenas, titular del ente, se procedió a derribar casas y echar a campesinos ocupantes.
Niega atropellos
A través de una nota dirigida a este diario, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, negó los atropellos y desalojos sin orden judicial que se denunciaron en Santa Lucía de Itakyry (Alto Paraná).
“Yo soy la ley”, le dijo presidente del Indert y la desalojó sin orden judicial
Una de las pobladoras de Santa Lucía (Itakyry, Alto Paraná) que sufrió el atropello por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) denunció que pese a estar hace 25 años en el sitio, el titular de la institución, Justo Cárdenas, ordenó su desalojo el viernes último. “Le pedí que me muestre la orden judicial y me dijo: ‘Yo soy la ley’, y después mandó destruir mi casita”, relató doña Feliciana Gamarra. Abogados consideran esto una aberración jurídica.