Sorpresivamente, esta semana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicó un comunicado dirigido a sus funcionarios, todos ellos “representantes de la sociedad” ante los órganos de justicia, haciendo referencia a artículos del Código Procesal Penal, señalando que las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de “guardar secreto”. De esta manera, el máximo representante de la sociedad dejaba entrever que, de ahora en adelante, los agentes fiscales tienen la prohibición de informar el avance investigativo de casos donde el interés público se encuentra involucrado. Contrariamente a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que deben procurar las autoridades fiscales manteniendo una comunicación con la sociedad a través de la prensa, el fiscal general amenaza que en caso de no guardar secreto sobre las investigaciones en curso, sus subalternos serán sancionados.