8 de agosto de 2025
SAN PEDRO. Luego de décadas de conflictos, promesas incumplidas y una compleja historia política y judicial, el Gobierno iniciará este lunes la entrega de títulos de propiedad a 66 familias de la colonia Andrés Barbero, ubicada en el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú. Las tierras, que en su momento fueron donadas al Gobierno de Italia, hoy comienzan a ser regularizadas a favor de sus ocupantes históricos.
El gerente general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abog. Carlos Liseras, rechazó la acusación de la representante legal de los colonos de Barbero Cue, Leticia Almada Paoli, de que supuestamente presionan a magistrados buscando revertir el fallo que favorece a ese grupo de pobladores.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó el fin de semana que desde mañana, lunes, iniciará una verificación de lotes y ocupantes en la colonia Barbero Cue (distrito Aguaraymi, San Pedro), con el fin de realizar adjudicaciones sobre el inmueble donado por Italia en 2012 y entregar los títulos. Sin embargo, este proceso podría acarrear más problemas legales, pues se estará realizando antes de que se haya finiquitado el conflicto judicial sobre la extensión total de las tierras donadas para los campesinos.
Un grupo de labriegos de la colonia Barbero Cue realizó ayer una manifestación en repudio de la posible entrega de títulos de lotes en dicha zona con antiguo litigio, según informó ayer a nuestro diario la abogada Leticia Almada Paoli.
El cuestionado exjuez y político colorado de Yuty, Benjamín Adaro Monzón, también intentó quedarse con 2.232 hectáreas de Chino Cue, ubicado en el distrito de Itakyry (Alto Paraná), un área que hasta hoy sigue a nombre de dos orientales, dueños originales de estas tierras. En el año 2012 promovió el embargo ejecutivo de la mencionada superficie.
Tras una visita realizada ayer en San Pedro del Ycuamandyyú, el presidente de la República, Horacio Cartes, reconoció que falta una parte de las tierras de Barbero Cue. El inmueble se había donado para campesinos en el año 2012, pero a través de una cuestionada mensura judicial y maniobras del Indert, fue desmembrado en favor de firmas ganaderas.