En la última sesión del Senado, los cartistas crearon dos comisiones permanentes de “Asuntos electorales” y “Bienestar animal”, pero se negaron a crear una comisión transitoria sobre el precio de la carne y las denuncias de presunto oligopolio entre frigoríficos.
La petición fue encabezada por la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).
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Los oficialistas, en su lugar, propusieron que la comisión permanente de Industria y Comercio convoque a las partes y proponga leyes. Los voceros del oficialismo en el tema fueron Natalicio Chase (ANR, HC), quien encomendó esta tarea en nombre de la Bancada de Honor Colorado y Patrick Kemper (ANR, oficialista).
Dicha comisión de Industria y Comercio es presidida por Luis Pettengill (ANR), fundador de frigorífico Guaraní y contratista estatal con la firma 8A.
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El órgano se reunió esta mañana y el tema de la carne fue completamente ignorado. Pettengill no es el único político con intereses en la industria cárnica; Horacio Cartes, designado como significativamente corrupto por EE.UU., era propietario del frigorífico Chajhá, pero lo entregó a sus hijos con el nombre “Victoria” ante las sanciones económicas de Estados Unidos.
No hubo resolución, aclara Kemper
Consultado al respecto, el senador Patrick Kemper (ANR, oficialista), vicepresidente de la Comisión de Industria y Comercio, aclaró que debido a que el debate en la última sesión se levantó por falta de quorum, no hubo una resolución oficial que defina el mecanismo para investigar las denuncias de presunto oligopolio entre frigoríficos. “No se resolvió en la última sesión el mecanismo, dependemos de eso” , señaló.
Dio a entender que a su criterio, el pleno del Senado debía resolver encomendar la tarea en forma oficial a la comisión de Industria.
En conferencia de prensa tras la reunión de la comisión de Industria, Pettengill reconoció que solamente analizaron en el órgano asesor y dictaminaron favorablemente el proyecto de Ley “Que aprueba el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur”.
Este documento, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2019, habla del fortalecimiento del proceso de integración regional y el fomento de inversiones recíprocas entre los Estados parte del MERCOSUR.
Según el informe oficial del Senado, el protocolo establece un marco jurídico común que tiene como objetivo principal la promoción, protección y facilitación de inversiones entre los países miembros —Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay—, garantizando un trato equitativo y no discriminatorio a los inversionistas dentro del bloque.