El proyecto de ley del senador liberal plantea que el Estado controle que los precios de tres cortes populares: costilla, puchero y carnaza de primera, estén fijados a un máximo del 10% de las utilidades del precio de producción.
La iniciativa plantea que esta exigencia solo podrá ser aplicada en toda la cadena de distribución destinada al mercado interno y que el Poder Ejecutivo podrá otorgar incentivos fiscales, logísticos y comerciales a frigoríficos y comercios, especialmente a aquellos con distribución en zonas vulnerables o rurales.
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Agrega que la autoridad de aplicación de regulación y sanciones será la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y que la reglamentación estará a cargo del Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días.
En su exposición de motivos, Villalba señala que en marzo de 2025 la canasta básica de alimentos de una familia de cuatro personas costaba G. 2.051.758 (US$ 256) lo cual equivale al 71% del salario mínimo vigente (G. 2.899.048). De este costo, G. 251.400 se destinaron solo a la carnaza de primera (14% del total).
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Afirma además que, considerando que un jornal mínimo diario es de G. 111.502, el precio de 1 kilo costilla (G. 42.000) representa más del 37% de un solo día de trabajo.
No fija precios, afirma
En su defensa, ante las críticas a las políticas intervencionistas del Estado, Villalba afirma que este proyecto no fija precios rígidos, sino que establece un porcentaje máximo en la utilidad, para tres cortes populares, protegiendo el acceso a la carne en sectores vulnerables sin afectar la libertad de comercio.
Insiste en que al establecer un margen del 10% de utilidad sobre el costo, se asegura un equilibrio entre el derecho del productor a obtener beneficios y el derecho del consumidor a alimentarse con dignidad.