La Cámara de Diputados incluyó como punto 8 del orden del día de la sesión del próximo martes 22 el los proyectos de ley: 1) “que modifica el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP)″; 2) “que modifica el artículo 461 del CPP y 3) el “que modifica los artículos 236 y 238 del CPP), todas ellas iniciativas mayormente beneficiosas para reos y procesados, por ende, de eventual aplicación retroactiva, en una legislación que ya se mostró extremadamente benevolente por ejemplo con el condenado por corrupción, Hugo Javier González.
El proyecto que modifica los artículos 236 y 238 del Código Procesal Penal (CPP) plantea imponer que en ningún caso la prisión preventiva se exceda de los 2 años, plazo que actualmente ya se establece en la ley, pero que se aplica con excepciones, sobre todo en casos de criminales de alto perfil como los ligados al crimen organizado con riesgo de fuga.
Se pretende agregar al artículo 236 que “en ningún caso podrá durar más de dos años, aun cuando la pena mínima para igual hecho punible resulte superior a este límite y cumplido este plazo el imputado deberá ser beneficiado incluso de oficio con los rigores de las medidas sustitutivas, en especial por la del arresto domiciliario”.
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En esta caso, de Hugo Javier González y su cómplice, Miguel Ángel Robles condenado por el desvío de G. 5.105 millones de dinero de la gobernación de Central en plena pandemia de covid, estos estuvieron apenas 6 meses en el Penal de Tacumbú, ya que fueron beneficiados con libertad ambulatoria mientras se resuelve una apelación.
El “Nº 2″ durante su proceso gozó de medidas alternativas a la prisión, es decir, no pisó la cárcel.
El proyecto también modifica el artículo 238, obligando además a la liberación de todos procesado, sin importar la causa a los dos años. En ambos casos se establece que supuestamente se aplicará la Ley de tobilleras electrónicas, que hasta ahora está prácticamente inoperativa.
“Tampoco se podrá aplicar la prisión preventiva, extenderla o continuar a imputado, acusado o condenado que haya cumplido efectivamente dos años de prisión preventiva en la misma causa”, señala la iniciativa parlamentaria.
En la práctica, al ser de aplicación retroactiva, esto beneficiará a mansalva a los reos que ya estén con más de dos años de prisión.
Otro proyecto del diputado Édgar Olmedo (ANR, B- oficialista) también plantea aumentar el rango para “arreglar” sin llegar a juicio mediante “salidas procesales alternativas”, como fueron casos de políticos corruptos admitidos como los exdiputados José María Ibáñez y Tomás Fidelino Rivas (ambos ANR), procesados por casos de “caseros vip” respectivamente.
Ambos evitaron llegar a juicio, siendo beneficiados con salidas procesales para “reparar el daño”, es decir, donaciones para evitar ir a la cárcel.
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En este caso, Olmedo pretende que Tribunales unipersonales puedan atender casos considerados delitos, que, hasta ahora, son atendidos por Colegiados para casos con penas de cárcel mayores a 2 años. Ahora quieren elevar a causas con expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel.
Según Olmedo, es para “reducir la mora judicial”, pero en la práctica, se estaría facilitando el beneficio de las salidas procesales.
Ninguno de los proyectos aún cuenta con dictamen, pero ya figuran en el orden del día