Todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) analizaron el impacto de la suspensión de la licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación, un proceso actualmente trabado por una medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas. Desde el TSJE advierten que la resolución es “insólita” y no corresponde al marco legal vigente, al tratarse de un procedimiento que, según explican, no tiene precedentes en contrataciones de esta naturaleza.
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Medida cautelar insólita
El presidente del TSJE, Jaime Bestard, explicó que el proceso de licitación se venía desarrollando de manera transparente, superando observaciones y protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y cumpliendo con todas las etapas legales. Tres empresas participaron con sus respectivas documentaciones en regla, y las propuestas se lacraron en una audiencia pública. Sin embargo, el mismo día de la apertura de sobres, una empresa que ni siquiera presentó oferta obtuvo una medida cautelar que frenó el llamado.
“Todo iba absolutamente normal hasta que aparece repentinamente una medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas, una figura insólita en una licitación de esta naturaleza. Y más aún teniendo en cuenta que la Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia electoral”, señaló Bestard.
Bogarín habla de medida “llamativa”
Por su parte, el ministro Jorge Bogarín cuestionó la legitimación de la empresa que obtuvo la medida, señalando que esta no participó del proceso formal. “Presentaron una protesta porque querían reducir el requisito de 10 años de experiencia a 5, lo cual fue rechazado. Luego pasaron directamente al Tribunal de Cuentas sin agotar los recursos administrativos”, afirmó.
Además, Bogarín calificó como “llamativa” la rapidez con la que se otorgó la medida cautelar, al tiempo que criticó la falta de jurisprudencia clara del Tribunal de Cuentas sobre este tipo de suspensiones.
Ataque sistemático
El ministro César Rossel también expresó su preocupación, denunciando una campaña sistemática de descrédito hacia el TSJE. “No conocemos a la empresa, no conocemos a los actores. Pero entendemos que esto se enmarca dentro de un ataque sostenido y medido contra el sistema electoral. A esto se suma toda una ola de odio propagada por redes sociales que amenaza directamente el uso de las máquinas de votación”, indicó.
Pese a la situación, los ministros se mostraron confiados en que el proceso continuará por los cauces legales. Actualmente, el caso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver en grado de apelación la validez de la medida cautelar. Mientras tanto, la licitación sigue suspendida y en vilo el futuro de las máquinas que serán utilizadas en las próximas elecciones.