Si bien existe un consenso general sobre la necesidad de establecer por ley un “Sistema nacional de pagos”, lo que cuestionan sectores políticos opositores y afectados del rubro financiero son dos artículos puntuales, que temen afecten a los usuarios, debido a que tienen tufo a favorecer, presuntamente, a grupos cercanos al presidente Santiago Peña.
Las sospechas se ven azuzadas por maniobras del cartismo, que incluyó cambios “de contrabando” y ni siquiera permitió el debate con afectados en Cámara Baja, pretendiendo tratar el tema a tambor batiente.
La ley pretende regular sistemas de pago, como el vigente Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) y diversos productos como las transferencias interbancarias, pagos con QR, y las Terminales punto de venta o máquinas de cobro de tarjetas (POS, por sus siglas en inglés).
“Se trabajó un borrador con los bancos y al final el Ejecutivo emite el mismo proyecto agregando un inciso. O sea, primero podemos hablar de una mala fe de entrada del Ejecutivo y una arbitrariedad, porque se habló de una cosa, pero al final remiten al Senado otro proyecto”, denunció el diputado Raúl Benítez (Independiente).
Además del legislador, la empresa procesadora de tarjetas Bancard emitió un comunicado en el cual valora en general la regulación, pero expresa su preocupación en torno al artículo 4º, incisos e y q, ya que “otorgará a la autoridad de aplicación (Banco Central del Paraguay) facultades excesivamente amplias y de redacción ambigua”.
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Benítez agregó que los agregados al artículo 4º tienen un fuerte tufo a buscar favorecer a empresas vinculadas a exsocios comerciales del presidente Peña
Esto mediante la pretensión de impedir que una misma persona física o jurídica cumpla más de un rol en el sistema: Ya sea como 1) entidad bancaria; 2) procesador (que emite la tarjeta) y 3) el adquiriente: que provee el POS o cajero automático.
“En el caso de la empresa relacionada al presidente Peña, ellos no tienen procesador, pero su banco sí tiene el POS, que está empezando a entrar en el mercado y, en caso de otros que ya están en el mercado, tienen procesador y adquiriente. Entonces, los jugadores que hoy están en cancha se van a tener que ver obligados, de acuerdo a la regla que le ponga el BCP, a tener que vender”, explicó.
Acotó que esto haría que “la cancha quede totalmente libre para Ueno con el tema del POS” y expone “que una vez más tenemos una ley a medida del banco ligado a exsocios comerciales del presidente Peña y todo el sistema financiero está jugando prácticamente para este banco”.
El proyecto con media sanción del Senado ingresó a Diputados el 6 de junio y sería sancionado apenas 12 días hábiles después, sin audiencia pública.
Temen que se afecte a usuarios y a todo el sistema de pagos
Bancard, en su comunicado, también aludió a este artículo 4º en sus incisos e y q, e hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que los dejen participar de forma “activa en el proceso de análisis” de la ley, ya que no se le dio chance de opinar sobre los puntos agregados.
Creyeron importante advertir de la redacción actual y las “graves consecuencias que podría acarrear la aprobación de una normativa de esta naturaleza para toda la población”.
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Esto debido a que el proyecto actual podría “generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias”.
La empresa también alerta que podrían vulnerarse derechos consagrados en la Constitución como “la igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sistema privado”.
Cámara Fintech da apoyo pleno
La Cámara Paraguaya Fintech (que aglutina e empresas financieras que operan principalmente de forma digital) también emitió un comunicado pero en total respaldo al proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos.
La Cámara Fintech que está ahora presidida por el exsocio comercial del presidente Santiago Peña en Ueno Holding, César Astigarraga, para poca sorpresa apoyó plenamente el proyecto, diciendo que fue “construida de manera imparcial y centrada en beneficiar al usuario final” y que creen es “adecuada y equitativa”.