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El 17 de enero del 2022, los entonces diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA), junto al abogado Emilio Camacho, del Frente Guasu, presentaron un recurso de amparo constitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acceder a información pública sobre las contrataciones ejecutadas por Itaipú, mediante su Dirección de Asesoría Jurídica, referentes a asesores externos.
La Itaipú Binacional contestó al amparo presentado por los entonces legisladores diputados el 24 de enero del 2022, planteando una acción de excepción de constitucionalidad, a modo de negarse a brindar información sobre las contrataciones realizadas.
González y Acosta presentaron una contestación a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú y pidieron rechazar la medida por improcedente.
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Pedido de estudio a la Corte
En el escrito argumentaron que la acción impulsada por la binacional fue fuera de plazo y sin citar ninguna disposición de nuestra ley fundamental que haya sido violentada o esté en peligro de serlo por nuestra petición.
Los exlegisladores también solicitaron dictar resolución rechazando de manera a limitar esta excepción de inconstitucionalidad por extemporánea.
A la vez, pidieron subsidiariamente remitir el expediente de la excepción de inconstitucionalidad y su contestación a la CSJ para que esta oportunamente dicte sentencia rechazando la excepción de inconstitucionalidad por improcedente.
Urgimiento para sentar precedente
González presentó esta mañana un urgimiento ante la Sala Judicial N° 1 de la Corte para que la Sala Constitucional dicte acuerdo y sentencia en la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú, en el marco del amparo constitucional que promovieron ante lo que consideran un incumplimiento de la ley de acceso a la información pública.
Resaltó que la intención con este urgimiento es que la Corte se expida para sentar precedente sobre acceso a información pública relacionada con la Itaipú Binacional.
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“A lo mejor a nosotros no nos sirve la información que en su momento solicitamos referida a un contrato de US$ 400.000 de asesores externos cuando la Itaipú tenía su asesoría interna, pero si nos va a servir que la Corte diga de una buena vez si realmente la Itaipú puede seguir invocando la binacionalidad para negar información como lo está haciendo de manera sistemática”, subrayó.
Lamentó que, actualmente, tanto Itaipú como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cumplen solo parcialmente los preceptos que establece la ley de acceso a la información pública.