TSJE confirma a intendente interino de Puerto Casado

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) finalmente se expidió y confirmó al concejal colorado Claudio Martínez como intendente interino de Puerto Casado, en reemplazo del cartista Hilario Adorno, quien tiene prohibición de acercarse a la sede municipal debido a un juicio por lesión de confianza que hay en su contra.

Hilario Adorno (de rojo) en su improvisado “despacho” junto con sus colaboradores cercanos.
Hilario Adorno (de rojo) en su improvisado “despacho” junto con sus colaboradores cercanos.gentileza

Los ministros de la Justicia Electoral Jaime Bestard (presidente), César Emilio Rossel y Jorge Enrique Bogarín González, luego del urgimiento solicitado por el presidente de la Junta Municipal de Puerto Casado, Domingo Vera (ANR), finalmente el 4 de abril confirmaron al edil Claudio Martínez como intendente interino del distrito de Puerto Casado, para que tome las “riendas” de la administración municipal, teniendo en cuenta que el intendente electo Hilario Adorno (ANR-HC) buscó por todos lados seguir mandando en la municipalidad pese a que por orden judicial no puede acercarse al sitio en un radio de 500 metros, ni tener contacto con los concejales que lo denunciaron por lesión de confianza y que derivó a un juicio.

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La resolución de acuerdo y sentencia Nº 07/2025 del TSJE dejó sin efecto lo resuelto por el Tribunal Electoral de la circunscripción de Concepción y Alto Paraguay que dejaba nulo el cargo de intendente interino asumido por el concejal Claudio Martínez y confirmaba a Hilario Adorno como jefe comunal.

Como Adorno no podía acercarse a la Municipalidad, instaló una precaria “oficina” en el polideportivo y desde allí buscó “administrar” la ciudad; sin embargo, los ediles alegaron que se generaba confusión entre los contribuyentes por lo cual designaron un intendente interino hasta tanto se solucione el conflicto legal del cartista.

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Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno, no solo está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio por comprar con dinero de los contribuyentes una camioneta -cuyo juicio está en pleno desarrollo-, sino que además soporta otra denuncia por lesión de confianza por una supuesta tragada de G. 10.000 millones de las arcas municipales que aguarda designación fiscal.

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