26 de abril de 2026

Esthercita, como todos la conocen, es una niña de cuatro años, oriunda de la localidad chaqueña de Puerto Casado, en el Alto Paraguay. Con problemas respiratorios, permanece internada desde hace un año y seis meses en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en la capital del país. Su familia, de escasos recursos, solicita la ayuda de la ciudadanía para conseguir un respirador portátil y así poder regresar a su lejano hogar después de tanto tiempo.


A la altura del kilómetro 163 de la ruta bioceánica, en la zona conocida como Centinela, en el Alto Paraguay, pobladores de comunidades ayoreas procedieron a cerrar el camino, reclamando asistencia alimentaria a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la reparación de caminos a la Gobernación del departamento. La medida de fuerza comenzó a las 8:00 horas y recién cerca del mediodía procedieron a liberar el tránsito, pero solo por unas pocas horas.


La Municipalidad de Puerto Casado se declaró en emergencia distrital debido a las constantes lluvias registradas en la zona chaqueña. A este inconveniente climático se suma la crisis económica que viene soportando el municipio, debido al problema político de hace meses. Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no libera el dinero retenido en todo este tiempo de enfrentamiento. Se habla de una deuda que supera los G. 1.300 millones solo en salario de funcionarios.

Recientemente, y luego de más de dos décadas de lucha de los pobladores de esta comunidad chaqueña en busca de legalizar las tierras donde viven hace años, 31 familias obtuvieron sus respectivos títulos de propiedad. Ahora buscan legalizar la donación de 30.000 hectáreas, para que todas las personas del lugar puedan acceder al derecho de la tierra propia.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó en el cargo de intendente de Puerto Casado a Domingo Vera Mendoza, alegando que el mismo fue electo por la Junta Municipal para completar el periodo, en reemplazo del electo intendente Hilario Adorno, colorado cartista, condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría, tras comprobarse que utilizó dinero público para pagar la primera cuota de la camioneta 0 kilómetro, registrada a su nombre.