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Contratos privados de alquiler sobre al menos 12 inmuebles presentó la empresa Kamamya SA, de Long Jiang, para cumplir el requisito específico de la Itaipú de 7.000 metros cuadrados de superficie techada mínima para el depósito y ensamble de los casi 330.000 pupitres “chinos”. No obstante, todos los terrenos presentados por la compañía, adjudicada con el contrato por más de G. 248.713 millones (US$ 32 millones), están ubicados en Ciudad del Este (Alto Paraná). No se declaró en otra comunidad.
Es decir, el tinglado de la Municipalidad de Juan E. O’Leary no estaría habilitado para esa tarea.
Lo cierto es que, desde el domingo último, esa sede comunal se convirtió en una improvisada “fábrica” y depósito de los pupitres “chinos”. Empleados –que dijeron ser de Kamamya SA–, con apoyo de funcionarios de Itaipú, se encargaron de realizar el armaje de los mobiliarios escolares. Estos fueron entregados de manera apresurada para acallar la oleada de críticas al Gobierno de Santiago Peña, por el aparente amaño de la licitación y el sobreprecio que sumaría US$ 27 millones.
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Pisoteo al mismo PBC
El anexo II de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1809-24 de la Itaipú Binacional, para adquisición de mobiliarios escolares pedagógicos, compuestos por una mesa y una silla para los diferentes niveles educativos, a ser distribuidos en instituciones educativas del sector oficial en todo el país, habla en el punto 8.8 sobre el local de entrega y logística.
Según ese ítem, “las entregas serán realizadas en el destino final, acorde institución educativa beneficiaria, que se encuentran distribuidas en todo el territorio paraguayo” (sic).
En ese sentido, la binacional señala seguidamente a ese párrafo el adjunto de una lista referencial de instituciones educativas del sector oficial beneficiarias. “Se destaca que las cantidades y locales de entrega expuestos podrán sufrir alteraciones y serán confirmados oportunamente por la ITAIPU, respetando la necesidad del MEC (Ministerio de Educación y Ciencias)” (sic).

El párrafo más importante está seguido y dice: “El proveedor deberá contar con locales aptos para resguardo y almacenaje de su producción, garantizando un almacenaje cómodo y accesible respecto a la cantidad total de conjuntos (mesa y silla) adjudicados. El local deberá ser cerrado, permitiendo resguardo integral de la producción y acceso al personal asignado para verificación y control de calidad de la producción” (sic).
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En otras palabras, el PBC estipulaba todos los cuidados y control de calidad. Sin embargo, de acuerdo a los videos y las imágenes captadas por ABC se observa que los muebles fueron montados de forma improvisada sin el aparente resguardo y control, tal como dice la documentación.
En el punto 8.9, por otro lado, se hace mención a la entrega de los muebles que deben estar todos ensamblados para la recepción en la institución educativa por parte de la Itaipú. No se menciona un sitio intermedio, tal como ocurrió para esta primera partida de 2.500 mobiliarios entregados.
Impugnación sin resolución
Los industriales paraguayos habían presentado, precisamente, una impugnación a la adjudicación de la Itaipú para la empresa Kamamya SA. El principal cuestionamiento era justamente que la compañía de Long Jiang no cumplía con la superficie techada solicitada. Lo llamativo es que hasta ahora la binacional no hizo pública la resolución de adjudicación como tampoco el resultado de esa impugnación.
Itaipú compró por casi 6 veces más
Kamamya SA, de Long Jiang, presentó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) facturas en las cuales dice que compró por 15 dólares (G. 117.750) el set de muebles escolares (mesa y silla). Este precio coincide con publicaciones en internet en las cuales se oferta el mismísimo mobiliario. Jiang, por su parte, venderá el pupitre de origen chino a la Itaipú por montos entre US$ 94 (G. 737.900) y 97 dólares (G. 761.450), es decir, unas seis veces más su precio de compra.
Long Jiang aparece como el dueño de los aviones que utiliza a su gusto el vicepresidente Pedro Alliana. Este último incluso lo usó en campaña proselitista, pero lo ocultó al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Promesas a cambio del tinglado
“Yo recibí un llamado, la gente del ministerio y la gente de Itaipú, si podría utilizar, y nosotros acá con los concejales dimos el ok. Nadie estaba usando, no tenemos ningún evento deportivo, no tenemos ninguna cosa, pero en compensación, ellos nos van a estar ayudando nuevamente con Itaipú ahí en algunos proyectos que tenemos”, declaró ayer el intendente de Juan E. O’Leary, Everaldo Acosta (ANR, cartista). Fue ante la consulta sobre el uso de la sede municipal para el ensamble de los pupitres chinos.

Dijo que están solicitando la culminación de las obras de un polideportivo del colegio Carlos Antonio López, y que las autoridades se comprometieron en apoyar. “El director dio ya el ok, me dijo que la próxima semana la gente de Itaipú ya estarán acá por el colegio haciendo la auditoría para poder dar inicio lo más antes posible. Nosotros queremos poner los bancos especiales, pero hay que mejorar el piso, necesitamos arco, necesitamos pelota, sanitarios dentro del polideportivo. Yo digo que sería una inversión de más o menos de G. 300 a G. 400 millones, estimativamente”, señaló.
Conforman equipo fiscal
La Fiscalía General del Estado conformó ayer un equipo de fiscales para que investiguen las denuncias por supuesta lesión de confianza en la adquisición de los pupitres chinos por Itaipú.
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El equipo fiscal está compuesto por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción: Natalia Cacavelos (quien dirigirá el equipo), Luz Guerrero y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca. La denuncia fue presentada por Celso Miranda y Jorge Brítez, bajo el patrocinio del abogado Nicolas Russo contra personas innominadas por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, contra la prueba documental, estafa y otros, vinculados a la licitación de pupitres escolares en la Itaipú y otros. Se agrega la denuncia presentada por los legis-
ladores Mauricio Espínola, Raúl Benítez, Ignacio Iramain, Sergio Rojas, Celeste Amarilla, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes por supuestos hechos punibles contra el patrimonio y otros.