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El abogado Ezequiel Santagada había presentado una solicitud de acceso a la información pública a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública a la Seprelad, esto en referencia al evento del Gafilat que se celebró en nuestro país en diciembre del año pasado.
El dato que solicitaba el profesional -como también otros ciudadanos- hacía referencia a los financistas del evento, esto con los montos y condiciones de los aportes. En primera instancia, el juez Miguel Ángel Palacios falló parcialmente a favor de Santagada, ya que mediante esto se ordenaba a la Secretaría -a cargo de Liliana Alcaraz- que entregue la información solicitada.

Por su parte, la institución apeló la decisión bajo el argumento que esos datos son de carácter reservado, ya que incluirían información patrimonial privada y de sujetos obligados, estos últimos, protegidos por ley.
Asimismo, la Seprelad había dado a conocer a las entidades públicas y privadas que financiaron el evento, aunque esto solamente en una lista de nombres y no con la totalidad de los datos solicitados.
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Tribunal revoca fallo y admite apelación de Seprelad
Sobre el caso, hoy se dio a conocer que el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y María Belén Agüero Cabrera, dio la razón a Seprelad, esto bajo el argumento que la entidad ya había contestado al abogado.

Ante esto, el Tribunal resolvió admitir el recurso de apelación promovido por la ministra Liliana Alcaraz y la abogada Sonia María Zaldívar. Asimismo, determinó revocar la sentencia que obligaba a la Seprelad a entregar la información solicitada.
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