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En la primera sesión secreta y reservada en el Congreso, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, más conocida como “comisión garrote” del cartismo, convocó a las autoridades de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); de la Superintendencia de Bancos del BCP; de la Fiscalía General y de la Justicia Electoral.
Tras sus respectivas participaciones, Liliana Alcaraz (Seprelad); el superintendente Holger Insfrán y la fiscala adjunta Matilde Moreno huyeron para no dar declaraciones a la prensa sobre los requerimientos hechos por la comisión.
En cambio los ministros de la Justicia Electoral no hicieron declaraciones pero designaron a un vocero. Posteriormente los senadores Dionisio Amarilla (liberocartista) y Gustavo Leite (ANR, HC) dieron una conferencia de prensa.
Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, dijo que la comisión hizo preguntas sobre las ONG y que respondieron que, hasta ahora y según las pesquisas, ninguna organización hizo aportes a campañas electorales.
Dijo que los legisladores también preguntaron por la ONG vinculada a Soledad Núñez que buscó inscribirse como observadora internacional de las elecciones 2023 y que no fue reconocida por tener a un candidato al Senado.
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En cambio, Ruiz Díaz dijo que no les hicieron pregunta alguna sobre el caso del diputado Eulalio Gomes (ANR, HC), fallecido en un allanamiento.
Niegan secretismo en comisión “garrote”
El vocero de la comisión, el senador Leite, negó que le hayan pedido a los funcionarios entrevistados no dar declaraciones a la prensa.
Dijo que a pedido del senador Colym Soroka (ANR) el caso del diputado Lalo Gomes será un punto importante de estudio. Dijo que pidieron a la Fiscalía detalles de todos los casos de lavado y afirmó que la Seprelad urgió controlar la plata que reciben y gastan las ONG.
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Leite sostuvo que estas organizaciones no son controladas por la Seprelad, pese a que el titular de la comisión Dionisio Amarilla si reconocía que son sujetos obligados de control.
Leite no reveló lo requerido al superintendente de bancos, aunque la oposición sostiene que se busca atacar a la entidad bancaria que conforma el Grupo Zuccolillo.
