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La cantidad de robos de cables y otros residuos movilizó a legisladores y miembros de la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) del Senado, con el objetivo de desalentar este hecho delictivo y que sean controlados aquellos que operan en el mercado negro con el acopio.
Al respecto, esta mañana se reunieron integrantes de la Cámara Alta, esta comisión y varios entes para aportar ideas en una ley de regulación. El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de Conaderna, la senadora Noelia Cabrera.
El proyecto de ley se denomina: “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato” y según Cabrera, se pretende controlar que no haya evasiones y también para evitar el hurto que tienen relación con el reciclaje.
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“Vemos que es muy común el hurto de los cables y se comercializan con el cobre que poseen. La intención es establecer regulaciones para tener un impacto positivo en lo que respecta a tributos del Estado”, sostuvo luego de la reunión.
Los residuos metálicos se dividen en dos grupos principales: ferrosos, que contienen hierro (como restos de automóviles, electrodomésticos, y estructuras metálicas), y no ferrosos, que no contienen hierro (como aluminio, cobre y bronce). Los plásticos de polietileno tereftalato (PET) se utilizan como resina reciclada para la producción de nuevos productos.
Fuga supera los U$S 100 millones
Existe una fuga de más de U$S 100 millones en impuestos debido a la subfacturación por parte de los exportadores de residuos. Estos exportadores declaran valores subfacturados para eludir obligaciones legales y evaden impuestos aplicables, moviendo dinero a través del sistema informal de transferencia “HAWALÁ”, ejecutado mediante casas de cambio y evadiendo controles estatales, indica el comunicado del Senado.
De acuerdo a lo expresado por uno de los voceros de Conaderna, Carlos Zelaya, existen cuatro empresas que trabajan de manera ilegal. Al año evadirían en tributos cerca de U$S 25 millones cada una, totalizando los U$S 100 millones entre las cuatro. Como ejemplo dijo que para pagar menos en impuestos, venden una tonelada de metal a solo U$S 120 cuando los legales comercializan a U$S 8.000.
La falta de regulación en este sector permitió la exportación de materiales obtenidos ilegalmente. Esto ha provocado un aumento en los robos de metales utilizados en infraestructuras públicas y privadas, así como un contrabando masivo de residuos.
Participaron de la reunión, los senadores Juan Afara, Luis Pettengill y Óscar Salomón. También, representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y de la Cámara de Industrias Sustentables.