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La Cámara de Diputados solicitó un informe a la Itaipú Binacional sobre el convenio suscrito con la oficina de las Naciones Unidas en Paraguay, en relación a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
“Queremos conocer el convenio que tiene Itaipú Binacional con la Unops, queremos saber cuál es el alcance de este convenio. Para mí, claramente, es una cesión de la soberanía nuestra. Se está dando parte de la administración de los recursos a una institución ajena y fuera de control. Queremos saber bajo qué normativas se rige la Unops”, afirmó el diputado Diosnel Aguilera (PLRA), quien impulsó el pedido de informe.
Aguilera resaltó que Itaipú, a través de este convenio, lo que busca es “puentear” los controles establecidos en la Ley 7.021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.
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“Lo que buscan es puentear. Ceden esta potestad legal que tiene el director paraguayo o la unidad operativa de contrataciones para que la Unops pueda llevar adelante sus compras fuera de lo que dice la ley y porque si Itaipú lo hace debe hacerlo bajo la ley”, aseveró.
Itaipú se manejó como “estado paralelo”
Agregó que hay sospechas de que el convenio es utilizado para poder contratar a firmas proveedoras que están sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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Aguilera resaltó que Itaipú no puede seguir operando como un estado paralelo, evadiendo los controles constitucionales y utilizando sus recursos de forma discrecional.
“Me preocupa y es asombrosa la manera en que la gente se ingenia para robarle al Estado. Se les da el mote legal; sin embargo, ocultan”, dijo.
Unops y proveedoras que no cumplen
La Unops en nuestro país adjudicó a la empresa TSV del Paraguay SRL, representada por Jorge Jure Bykov, la provisión de un software para el Ministerio del Interior por más de G. 151 millones. Sorpresivamente, Jure Bykov está inhabilitado por la DNCP debido al incumplimiento de un contrato y mala fe.
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La organización también adjudicó -por US$ 780.000- a la empresa Paraguay Security SA, representada por Jure Bykov y Fabrizio Martínez Appleyard, la compra de un total de 1.500 chalecos antibalas para el Ministerio del Interior, pese a que dicha firma arrastra antecedentes de incumplimientos ante Contrataciones Públicas.