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Como 9º punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, convocada para las 09:00, figura para su tratamiento el proyecto de modificación de la Ley Nº 1160/1997 “Código Penal. La intención es aplicar la imprescriptibilidad de hechos de corrupción, planteado por el diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana).
“Esperamos el acompañamiento de los colegas de las distintas bancadas, para así enviar una señal clara a los corruptos, que buscan enriquecerse a costa del dinero público y luego quedar impunes, por la extinción de sus causas por prescripción”, indicó ayer Centurión.
El legislador no oficialista remarcó que este es un proyecto que fue presentado hace más de cinco meses y fue debatido en varias comisiones. “Tiene dictamen de aprobación de la Comisión de Justicia, de Legislación, ya lo hemos debatido ampliamente en Comisión y lo único que resta es aprobar”, exhortó.
La propuesta originalmente incluía también una treintena de modificaciones para aumentar penas para casos de corrupción, pero Centurión optó por centrarse, en primer término, en la imprescriptibilidad para que no se cajonee su proyecto de ley.
Hechos punibles contra el patrimonio del Estado
Hoy se planteará la aprobación de la versión modificada, que permitirá que no se extingan sin llegar a una sentencia (ya sea condenatoria o absolutoria) las causas que afecten al erario, sin importar que sean cometidos por funcionarios públicos o particulares (caso de empresas que liciten con el Estado, por ejemplo).
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La reforma a ser analizada hoy se focaliza en el artículo 102 del Código Penal, que refiere a los plazos para la extinción de procesos, que actualmente va de 3 a 15 años, salvo para los hechos punibles previstos en el artículo 5º de la Constitución.
Dicho artículo taxativamente establece que “el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles”. Ahora se plantea agregar “los hechos punibles contra el patrimonio del Estado”.
“Yo creo que va a ser un hecho fundamental, no se si para reducir la posibilidad de corrupción o desalentar, pero algo categórico sí, que va a permitir que no queden impunes estos delitos contra el patrimonio del Estado”, agregó Centurión.
En una parte del debate en las comisiones se planteó la posibilidad del rechazo por una supuesta inconstitucionalidad, atendiendo a que la Carta Magna cita algunos hechos punibles taxativos.
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“Nadie pudo sostener que sea un proyecto de ley que colisiona contra la Constitución y eso hemos desmontado”, dijo. Acotó que la Carta Magna enfatiza algunos hechos punibles relativos a la dictadura porque se estaba saliendo de ese régimen al momento de su redacción. “¿Díganme si no es también un delito de lesa humanidad o que atenta contra los DD.HH. la corrupción pública?”, se preguntó.
Cámara de Diputados, la cuna de los “nepobabies”
La actual Cámara de Diputados podría no estar muy interesada en aprobar esta iniciativa, ya que gran parte de sus legisladores se ven salpicados por el caso “nepobabies”, al presuntamente haber incurrido en casos de nepotismo, ubicando en cargos públicos a esposas, hijos, hermanos y otros familiares directos pagados con dinero público.
Aplicando la frase que “el que nada debe, nada teme”, la media sanción en la fecha podría ser un buen mensaje para la ciudadanía, teniendo en cuenta que incluso ellos mismos no se verían afectados, puesto que hasta ahora ha prevalecido la impunidad, respaldados en una supuesta redacción “ambigua” de la Ley contra el nepotismo.