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Casualidad o no, tanto la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como Itaipú Binacional registraron “problemas” o impusieron trabas para el acceso a la nómina de sus funcionarios, cuya disponibilidad está amparada por la Ley de Acceso a la Información Pública.
En el caso de Yacyretá, el intento es claramente intencionado, ya que cambiaron el sistema anterior, que consistía en simples planillas en formato PDF, que permitían la búsqueda nominal o por número de cédula de identidad.
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Ahora, con el nuevo sistema, se elimina la posibilidad de utilizar un buscador automático de nombres e incluso de hacer capturas de pantalla (importantes para el registro documental), ya que se oculta la lista si es que no se hace clic en cierta zona de la página web.
“Haz clic dentro del espacio en blanco para mostrar los datos”, indica la página web, que tampoco permite copiar los datos, emulando las restricciones que ya tenía implementada la nómina de Itaipú, pero elevando un nivel más con el ocultamiento si es que no se tiene el cursor en cierta zona.
Este nuevo sistema empezó a implementarse desde del viernes.
“Problemas técnicos”
En el caso de Itaipú Binacional, la nómina directamente no estaba accesible también desde el viernes, arrojando un mensaje de problemas técnicos.
Llamativamente, el resto de las secciones de la página web estaban disponibles, siendo afectada solamente la relacionada a la nómina de funcionarios.
En esta aparecía el mensaje: “Cuenta suspendida. Esta cuenta ha sido suspendida. Contacte a su Hosting (Servidor de alojamiento de datos) por más información”.
Este problema puede deberse a varios motivos, entre ellos a una falta de pago al “Hosting”, problemas propios del proveedor del servicio, o bien, por violación de las políticas del servicio. Lo cierto es que desde el viernes hasta el cierre de nuestra edición el problema persistía.
Itaipú, desde hace tiempo, registra un mecanismo poco amigable para el ciudadano interesado en acceder a datos sobre el salario y bonificaciones que reciben sus funcionarios.
Preocupan estas medidas que impiden el libre y fácil acceso a información pública, ya que ambas instituciones están siendo utilizadas por el oficialismo para ubicar a políticos aliados y sus familiares (principalmente legisladores) como “premio” a cambio de sometimiento.