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- Estuvo invitado por el coordinador Anticorrupción (Richard Nephew) de Estados Unidos...
- Sí. Esta semana estuvimos en Washington representantes de varios países. Paraguay, el único de América Latina. Estaban representados países de Europa y otros. Hablamos de estrategias globales de lucha contra la corrupción. Yo hablé de las medidas que estamos tomando en nuestro país. Les comenté de una ley de Conflicto de Intereses que está por ser sancionada por el Congreso...
- ¿De qué se trata?
- Establece que si un funcionario con poder de decisión enfrenta un conflicto de intereses, una circunstancia que podría alterar su imparcialidad en el momento de tomar sus decisiones, tiene que apartarse. Al ingresar a la función pública deben presentar una declaración jurada para que se le controle. También establece que por el lapso de un año el funcionario no puede ir a trabajar a una institución (empresa) con la que tuvo vinculación como funcionario.
- Las “puertas giratorias” que le llaman...
- Exactamente. Así se lo conoce coloquialmente. Desde que estuvo Richard Nephew (el jefe Anticorrupción del Gobierno de Joe Biden) en nuestro país ya se habló de un tipo de asistencia también. Queremos impulsar un proyecto de ley que regule el cabildeo. Queremos estructurar y trabajar en la redacción también de una ley que obligue a los funcionarios de alto nivel a que publiquen sus agendas públicas en forma diaria, con los nombres de los que asisten a sus reuniones y los temas que enfocan. Con estas reuniones lo que se pretende es establecer una estrategia global, unificar criterios de los Estados para que la lucha contra la corrupción sea una cuestión global, no local nomás y rinda sus frutos...
- Hay una nueva ley vigente aquí, de Suministro y Contrataciones Públicas. ¿En qué medida contribuye?
- Es una ley que propicia la transparencia en todo el proceso de contrataciones públicas. Mejora la normativa que teníamos. Es una ley que va a fortalecer muchísimo el control sobre posibles actos de corrupción en el proceso de contrataciones de bienes y servicios.
- ¿Por qué es tan fácil robar al Estado?
- Como todo fenómeno delictivo, la corrupción no va a desaparecer. No existe ningún Estado exento de este flagelo pero se le puede poner obstáculos...
- Es la lucha del bien contra el mal, como dijo el obispo de Caacupé...
- Parece que es así, hay que ser realista. Nuestra misión es hacer que cada vez le sea más difícil al funcionario ser corrupto. La transparencia es fundamental. Cuántos casos de corrupción empezaron a surgir (este año) con la mera publicación de los salarios de los funcionarios. Cuánta gente se descubrió que eran planilleros con la mera publicación de sus salarios, viáticos y patrimonio. El objetivo es que la ciudadanía se apropie de estas herramientas y controle la gestión y denuncie en nuestro portal de denuncias.
- Nadie es corrupto hasta ingresar a la función pública. La corrupción no es inherente a un solo partido tampoco. ¿El sistema es el que los vuelve corruptos?
- Existe un sistema corrupto. No es una cuestión personal del que comete el acto de corrupción. Se descubre al corrupto, se le destituye pero viene otra persona y hace lo mismo. No hay una solución mágica para decir: “esto hay que hacer y va a desaparecer el sistema corrupto”. Hay que analizar en qué consiste ese sistema corrupto y ver qué hacer. Hay que abordarlo como un tema sistémico porque usted le saca al coimero y va a venir otro a ocupar su lugar..
- ¿Cómo se puede poner un reaseguro para reducir el robo?
- Nosotros apostamos a que todos los pasos de la gestión de la administración de los bienes públicos sea transparente: publicitar cada acto administrativo tendiente a comprar un bien o un servicio. El problema sería la coima que se le paga al funcionario para que este conceda un beneficio. Eso es lo difícil de detectar. Lo mismo el tráfico de influencias. Yo le pago para que intermedie con otro funcionario para que me conceda un beneficio. Ese trato se hace subterráneamente. Ese es el punto al que no podemos llegar.
- ¿Por qué los funcionarios tocan dinero? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué no se impone el pago a través de transferencias?
- La circulación de efectivo en todo sentido es muy vulnerable. Estoy de acuerdo en que tenemos que pelear por la bancarización de todas las gestiones de pago: tasas, Ande, Copaco, agua... Es difícil porque la mayoría no tiene todavía acceso a la tecnología. Cuando uno paga la tasa en efectivo, el funcionario le da a cambio un ticket. Sin problema puede desaparecer el comprobante para quedarse con la plata. Hay que trabajar en la bancarización de todos los pagos en todos los conceptos, en todos los entes a nivel país.
- Estamos cerca de fin de año. Salen los zorros, la Caminera, “coiminera” ya se le llama por la mala fama. Se ponen frente a la Universidad (Nacional), en la ciudad, en vez de estar en las rutas. Imponen multas altísimas para que nadie dude que hay que coimear.
- Nosotros tenemos competencia solamente sobre los órganos del Ejecutivo, no así sobre los gobiernos municipales. Tampoco podemos meternos en el trabajo que compete a cada ministerio. En todo caso tendríamos que trabajar en coordinación con la Policía Caminera que es un órgano dependiente del Ejecutivo. Tenemos que encontrar una fórmula para evitar que pidan coima. Tenemos que encontrar la forma de mitigar la corrupción en los controles ruteros y callejeros.
- Y todavía están los males mayores: Cristina Kirchner fue condenada a 6 años, el ex presidente de Guatemala (Otto Pérez Molina) fue declarado culpable por asociación ilícita, el ex presidente de Honduras extraditado a Estados Unidos. En Paraguay, la poca cosecha que tenemos es la de González Daher... La impunidad es el problema.
- La persecución penal está a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. En los resultados de la evaluación de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) que aprobó la gestión del sistema paraguayo antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo) eso se refleja. Los puntos más bajos estuvieron en la parte de la persecución procesal, judicial. La impunidad es una cuestión más bien de la administración de justicia. En todo caso tenemos que modificar nuestro diseño procesal para que el Ejecutivo pueda tener algún tipo de incidencia.
- ¿Cómo ayudan ustedes al sistema penal?
- Nuestro código procesal penal no permite la formulación de una denuncia anónima. En los casos de corrupción, los denunciantes no quieren aparecer por temor a represalias. Con el diseño de la Secretaría Anticorrupción lo que se hizo fue generar un canal para que el ciudadano formule su denuncia de manera anónima. Nosotros investigamos y si es objetivamente atendible nos hacemos cargo pero luego de la denuncia formal ya no no tenemos injerencia. Corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. No se puede desconocer tampoco que todo es impunidad. Este año hubo varios condenados: dos ex ministros (de Agricultura y Ganadería: Enzo Cardozo y Rodi Godoy), dos ex jefes antidrogas con rango de ministros (Francisco de Vargas y Luis Rojas), ex autoridades de Indert... (Justo Cárdenas, ex titular).
- ¿Debe haber una ley que amplíe las facultades que tienen?
- Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley orgánica para fortalecer institucionalmente a la Secretaría Anticorrupción. Somos una institución relativamente joven, 10 años, pero hasta ahora solo tenemos un decreto como normativa que regula nuestras funciones.
- Por lo menos algunos dejaron de ser intocables...
- Si miramos hacia atrás, todos sabemos que hubo funcionarios que tuvieron mucho poder en su momento. Si bien no están aún condenados al menos están sometidos a proceso penal. No es para relajarse pero son puntos positivos. Además de ministros, también hay procesados senadores, diputados, el fiscal general... Yo no recuerdo en el pasado de tantos altos funcionarios procesados y condenados. La ciudadanía también se empoderó mucho con el tema del control social influyendo muchísimo también en la administración de justicia..
- ¿En los contactos que mantuvo con los expertos norteamericanos se habló de seguir teniendo presencia de ellos en los juicios como en el caso González Daher para darle coraje a los jueces?
- Lo que hablamos es más bien de medidas preventivas. En ese aspecto vamos a tener apoyo. No hablamos de casos judiciales específicos. El Gobierno de Estados Unidos tiene mucho interés en instalar el tema anticorrupción a nivel global. El problema no es solo paraguayo o latinoamericano. Ellos quieren generar una red internacional con estándares que condicionen el acceso a los mercados.
- El riesgo para nuestro país es que si la impunidad sigue reinando apeligra la democracia como se ha visto en otros países. El corrupto hará lo que seguir y tapar así lo que está robando...
- Es lo que pasó hace poco en un país hermano en estos días lastimosamente (Perú). A mí lo que me preocupa es que la democracia se basa en la confianza en las instituciones. Estamos en un país libre. Aquí no hay policías ni militares que nos obliguen. Cumplimos nuestras obligaciones confiando en el sistema. La corrupción es la que corroe la confianza en el Estado de Derecho.
- ¿Cuál es su profesión?
- Soy abogado, especializado en derecho penal, con una maestría en derecho penal económico internacional. El tema corrupción es un capítulo. Desde el inicio de mi vida laboral fui entrenado para entender en asuntos de corrupción. Me apasiona mucho el tema y quiero contribuir. Mi deseo es ponerle obstáculos que hagan cada vez más difícil los actos de corrupción. El sector privado no puede esta ajeno a esta lucha. Es fundamental que se involucre.
- El ciudadano quiere ser transparente. El IVA que se paga es muy superior a todos lo papeles que puede reunir cada mes. Pocos profesionales de este rubro emiten facturas: plomeros, albañiles, carpinteros, empleadas domésticas, jardineros, mercaderos, etc. El que quiere ser transparente pierde...
- Eso es cierto también. Si uno quiere formalizarse tiene que gastar. El que no cumple las formalidades ahorra dinero y tiene más renta. Es algo complejo. Sin embargo, la gente puede comprobar con el tiempo que la cultura de la legalidad y la cultura de la integridad traen beneficio. Eso es lo que queremos instalar nosotros.
- ¿Cuál es el desafío para el próximo Gobierno?
- Que sigamos manteniendo estas medidas que se vienen implementando. Tienen que permanecer en el tiempo. El siguiente desafío es ver proyectos de ley que fortalezcan la transparencia con acceso directo de la ciudadanía a la gestión de los funcionarios. La ley de cabildeo no va a ser algo inmediato, ni siquiera una ley sancionada pero es una cuestión que tiene que estar instalada en nuestro derecho positivo. Los problemas de administración de justicia tienen que ser también un desafío para el siguiente gobierno.