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En la Cámara Baja desde hace varias semanas están pendientes los pedidos de interpelación de los tres altos funcionarios públicos. El más cuestionado es el titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, tras la deficiente realización del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 el pasado 9 de noviembre al no llegar ni al 80 por ciento de las viviendas durante el feriado y la masiva deserción de los voluntarios censistas. Los diputados proyectistas pretenden saber, entre otras cosas, cómo se utilizaron los 43 millones de dólares del préstamo que se hizo para financiar el censo. El cuestionario de interpelación tiene once preguntas.
Abandono de indígenas
También está en el tintero la interpelación del titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico. A este alto funcionario se le cuestiona la situación de abandono a comunidades indígenas que obliga a los nativos a venir a mendigar frente al ente o en las plazas. Otro punto que los parlamentarios cuestionan a Pico es la falta de acciones sobre las denuncias de supuesta explotación a menores en una comunidad en Mariano Roque Alonso. Esto tras una investigación periodista que desnudó que los caciques actuaban de “cafichos” de las niñas de 11 a 14 años.
Atraso de salarios
Por último, el cartismo promueve la interpelación del titular de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Sante Vallese, para que responda sobre el supuesto mal manejo de la institución, entre ellos las denuncias de pago atrasado de salarios a sus funcionarios y contrataciones sin los requisitos mínimos.
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Otro de los puntos cuestionados por los cartistas es el contrato que Vallese adjudicó al concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hecho por fuera del sistema de Contrataciones Públicas y le permitió proveer servicios a Copaco por G. 5.800 millones durante la pandemia.
El pasado miércoles los tres pedidos de interpelación estaban en el punto 14 del orden del día, pero no se llegó hasta allí debido a que los diputados dejaron la sesión sin quorum. Antes los pedidos no avanzaron porque las sesiones eran híbridas y las interpelaciones deben realizarse de manera presencial.
Proponen reglamentar la ley de interpelación
Los diputados liberales Carlos María López y Jorge Ávalos Mariño presentaron un proyecto de ley “Que modifica y amplía los artículos 7° y 8° de la Ley N° 164/1993, Que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional, modificado por la Ley N° 3926/2009″, con la intención de ajustar el procedimiento establecido para los casos de interpelación.
Según los proyectistas, el objetivo es reglamentar las preguntas que se realizan luego de agotarse el cuestionario preparado con antelación, es decir las “repreguntas”. Indicaron que la legislación tal como está es muy desordenada y hace que las interpelaciones sean largas y las preguntas muy repetitivas.
La disposición actual establece en su artículo séptimo que cuando el interpelado hubiere contestado todas las preguntas del cuestionario, los parlamentarios podrán formular preguntas adicionales, vinculadas con el objeto de la interpelación o con las respuestas dadas por el interpelado.
“Solo se elegirá a tres parlamentarios por bancada y cuando estén en el uso de la palabra el legislador deberá realizar directamente la pregunta sin hacer preámbulo alguno sobre su cuestionario, la cual será respondida por el interpelado en cada caso”, reza parte del proyecto.
Por otro lado, en el artículo ocho, en donde se establece que el régimen de citación e interpelación se ajustará a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y los reglamentos de las cámaras del Congreso. En este punto se da un tiempo máximo de media hora para extenderse en su explicación.
“Cuando se hayan agotado las preguntas, el interpelado tendrá derecho a hacer todas las manifestaciones que considere necesarias, por un plazo que no podrá exceder los treinta minutos. Terminada su exposición se dará por concluida la interpelación”, reza otra parte del proyecto.
La propuesta tuvo entrada a la Cámara Baja el miércoles y fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación.