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La Audiencia Pública de “sensibilización” como lo llamó el presidente de la comisión de Presupuesto Miguel Fulgencio Rodríguez (FG) será sobre la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6970/22 “Que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha”, indicó.
La convocatoria pública se realizará hoy, a las 10:00, en la Sala de Sesiones del Senado. Están convocadas autoridades y los ciudadanos interesados en participar. El evento será transmitida por redes sociales y canales oficiales del Congreso, dice el anuncio publicado en diferentes medios de comunicación.
El senador Rodríguez había señalado la conveniencia de realizar una audiencia pública para sensibilizar y explicar a la gente para que entienda la intención del proyecto de ley que fue totalmente vetado por el Ejecutivo.
¿No buscan sacar rédito político?
“Necesitamos hablar con la gente, todos dicen que somos unos bandidos que queremos sacar provecho político de esta situación y no es así. Reclamamos la justicia social para nuestros trabajadores”, había dicho el parlamentario del FG.
Los senadores quieren realizar una Audiencia Pública antes de tratar el veto del Ejecutivo que se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado y debe ser definido próximamente. Con el rechazo en ambas Cámaras lograrán poner en vigencia la normativa que permitirá un despilfarro de alrededor de US$ 940 millones, entre unas 16.000 personas, según el listado elaborado en forma inicial.
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De la nómina “sin filtro” como reconoció el senador Enrique Riera (ANR, HC), uno de los proyectistas, se encuentran personas fallecidas, operadores políticos de la ANR y del PLRA y hasta el vicepresidente de la República, el “significativamente corrupto” Hugo Velázquez, quien negó haber dado su consentimiento.
La ley ordinaria, entonces, no puede alterar el contenido del tratado internacional sobre el que se erige la entidad binacional, puesto que ello significaría transgredir la escala de preferencia determinada por el artículo 137 de la Constitución”, señala el veto del Ejecutivo.