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El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, convoca a una audiencia pública sobre la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6970/22 “Que establece el marco legal para el pago de una compensación histórica a los extrabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la margen derecha”, dice el anuncio publicado en diferentes medios de comunicación.
La convocatoria del legislador es para mañana lunes 31 de octubre a las 10:00 en la sala de sesiones del Senado y está dirigida a autoridades y todos los ciudadanos interesados. Igualmente, será transmitida por redes sociales y canales oficiales del Congreso, agrega el aviso.
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Precisamente, Rodríguez, fue el proyectista junto a sus colegas Antonio Apuril, del Partido Hagamos; Abel González del PLRA y Enrique Riera de la ANR, de esta norma, mediante la cual se pretende repartir alrededor de US$ 940 millones, entre unas 16.000 personas, según el listado elaborado en forma inicial.
Lo grosero del proyecto aprobado en forma meteórica por el Congreso en pleno año electoral es que en la nómina de favorecidos están personas fallecidas, operadores políticos de la ANR y del PLRA y hasta el vicepresidente de la República, el “significativamente corrupto”, Hugo Velázquez.
Lista de exobreros de Itaipú se hizo sin filtro, admiten
El senador Riera, incluso, en un ataque de sincericidio admitió el 10 de octubre pasado, que la lista de exobreros se hizo sin filtro. Además, un grupo de gestores se llevará una fortuna.
El Poder Ejecutivo vetó el 5 de octubre último en forma total el proyecto de ley basado en argumentos jurídicos. Según el decreto, “el acuerdo con su naturaleza y configuración jurídica, el funcionamiento de la Itaipú debe ajustarse al régimen internacional convenido”.
“En ese sentido, su administración corresponde a los órganos constituidos mediante el acuerdo entre las partes (Consejo de Administración y Directorio Ejecutivo). La ley ordinaria, entonces, no puede alterar el contenido del tratado internacional sobre el que se erige la entidad binacional, puesto que ello significaría transgredir la escala de preferencia determinada por el artículo 137 de la Constitución Nacional”, dice el documento.
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El Ejecutivo dice además que “corresponde al Consejo de Administración, en el marco de su función de cumplir y hacer cumplir el tratado y sus anexos, la competencia exclusiva para decidir sobre los recursos. Según el artículo 9 del Estatuto de la Itaipú (Anexo A del tratado), dicho órgano decide sobre el presupuesto correspondiente a cada ejercicio”.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, también se había manifestado en contra del proyecto porque, según dijo, impactará las finanzas públicas. La norma fue aprobada el 16 de junio por el Senado y sancionada por Diputados el 24 de agosto último. El veto del Poder Ejecutivo tuvo entrada el 6 de octubre pasado en sesión ordinaria.