El abogado Óscar Tuma, imputado por supuesto lavado de activos junto a su cliente Alexandre Rodrigues Gomes – hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes - anunció que tomará acciones penales tras su imputación.
La Fiscalía anunció ayer la imputación de Rodrigues Gomes y Tuma por supuesto lavado de activos relacionado a transferencias de inmuebles realizadas entre ambos a pesar de que Rodrigues estaba imposibilitado de realizar tales transacciones luego de haber sido detenido en el marco de la investigación de lavado de dinero del narcotráfico “Pavo Real Py II”.
El Ministerio Público también imputó a Alcira Celeste Rodríguez, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por supuesta alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos, bajo sospecha de haber “limpiado” la inhibición de realizar trámites y transferencias que pesaba sobre Rodrigues en el sistema informático de los Registros Públicos.
Accionará contra Registros Públicos y funcionaria
En un comunicado publicado en redes sociales y una posterior conferencia de prensa, Tuma anunció que hoy presentará una denuncia penal “contra la funcionaria del Registro de la Propiedad que habría incurrido, presuntamente, en la adulteración u omisión dolosa de datos vinculados a la medida de inhibición dictada contra mi defendido, Alexandre Rodrigues Gomes”.
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Tuma alega que la conducta de la funcionaria “habría generado una grave falla en el sistema registral, que permitió la inscripción de cuatro inmuebles a mi nombre, lo cual constituye el motivo por el que actualmente me encuentro injustamente imputado”.
En paralelo, anunció que iniciará una acción civil contra la Dirección de Registros Públicos “por el perjuicio moral, reputacional, familiar y económico que esta situación me ha ocasionado”.
El abogado atribuyó la situación a “una cadena de errores institucionales y omisiones atribuibles exclusivamente al Registro, que incumplió su deber de garantizar la seguridad jurídica y la oponibilidad de las medidas vigentes en el sistema inmobiliario”.
Recibió cuatro inmuebles de Rodrigues Gomes como “honorario”
El 19 de agosto de 2024, el día en que Rodrigues Gomes fue detenido, un juez decretó - a solicitud de la Fiscalía - una medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes de Rodrigues y otros imputados en la causa “Pavo Real Py II”, además del embargo y bloqueo de bienes y dinero depositados en cuentas registradas a nombre de los imputados, una medida pensada para evitar que estos transfieran u oculten sus bienes y así lograr evitar que sean comisados.
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Tuma, quien alega que recibió cuatro inmuebles por un valor total de 300 mil dólares de Rodrigues en concepto de “pago de honorarios”, manifestó que la inhibición fue “genérica” y no individualizaba a su defendido, lo que calificó como una “negligencia procesal”.
En su conferencia de prensa, el abogado dijo que el 20 de agosto de 2024, el día posterior a la detención de Rodrigues Gomes y la muerte del diputado Eulalio Gomes, firmó un contrato de honorario con Rodrigues en el cual este se comprometió a entregarle un 20 por ciento de lo que reciba en sucesión - monto que estimó en unos dos millones de dólares -, además de 300.000 dólares por la causa penal en su contra.
“¿Cuál es mi necesidad de incurrir en estos hechos si tengo acuerdos de honorarios que pueden superar 2 millones de dólares de la sucesión?“, dijo.
Afirmó que no tuvo participación en el proceso de transferencia de los inmuebles, que estuvo a cabo de una escribana del departamento de Itapúa y terminó en mayo de este año.
“Yo tengo el derecho de cobrar mis honorarios de quien sea que yo le defienda”, subrayó. “Actué con total transparencia, todo esto se facturó”.
“La única víctima real de toda esta situación soy yo”
El abogado dijo en su comunicado de hoy que “jamás me prestaría para ningún tipo de maniobra ilegal o contraria a la ley” y manifestó que “la única víctima real de toda esta situación soy yo, quien hoy carga con las consecuencias jurídicas, personales y familiares de una falla institucional ajena a mi voluntad y conducta”.
Dijo que es la funcionaria de los Registros Públicos imputada quien debe “aclarar si fue conducta dolosa o una equivocación” a la hora de registrar la inhibición de transferir inmuebles de Rodrigues Gomes “y si eso ocurrió no es responsabilidad mía”.
“Yo creo que (la funcionaria) anotó mal o remitieron mal y no hubo control de parte del Ministerio Público, entonces cuando la escribana va a transferir salta que no tenía inhibición”, añadió.
Además, el abogado cuestionó que el Ministerio Público haya formulado “en menos de 24 horas” una imputación en su contra “invocando figuras penales absolutamente inaplicables al caso y sin el debido análisis de fondo de la documentación respaldatoria”.