El juicio oral al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Ana Rodríguez Brozón, quienes programaron la continuidad del juzgamiento para este viernes 6 de junio, desde las 8:00 hasta las 10:30.
En la etapa incidental el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta solicitó la inclusión como testigos de Sergio Salinas y Ramón Colmán, peritos del Ministerio Público que estuvieron en el caso A Ultranza Py; además de incluir entre las pruebas un disco duro que contiene el proceso seguido a varios incoados en la mencionada causa, entre ellos Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano.
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Además el agente del Ministerio Público pidió la inclusión de todo el expediente judicial y la acusación de la causa “A Ultranza Py” presentada por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak; que habían sido excluidos en la audiencia preliminar por el juez de Garantías de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
La acusación fiscal contra Joaquín Roa es por supuesto cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos; mientras que el empresario Koube Ayala, quien participa del juicio oral por medios telemáticos desde la Penitenciaría de Emboscada Antigua, está sindicado como coautor del lavado de dinero, y cómplice en los hechos de lesión de confianza y lavado de activos.
Joaquín Roa dice que pruebas son nulas
Los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás, representantes del exministro Joaquín Roa, plantearon el incidente de exclusión probatoria del yate de la marca Azimut AZ 42, que según la acusación fiscal fue entregada como obsequio al extitular de la SEN; fundamentando que fue incautada en forma irregular, sin orden judicial, y se solicitaron medidas cautelares sobre dicho bien recién cuatro meses después del operativo en la causa “A Ultranza”, ejecutada el 22 de febrero de 2022.
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También pidió excluir el disco duro portátil que contiene las evidencias del caso “A Ultranza Py”, alegando que como defensa no tuvieron acceso a dicha prueba, ya que es de otro expediente; y que el fiscal Silvio Corbeta solicitó el expediente en abril del año 2023 y le fue remitido en julio de ese año.
Sin embargo, según argumentó el Abg. Rodrigo González Planás, el agente del Ministerio Público recién en noviembre del 2023 puso el expediente a disposición del Juzgado de Garantías de la causa, y que el lacrado ya estaba roto. En consecuencia, afirmó que se violó la cadena de custodia del documento.
Por su parte los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, en representación del empresario Alberto Koube Ayala, se allanaron a los planteamientos de la defensa de Roa y también solicitaron el rechazo de los incidentes presentados por el Ministerio Público.
Fiscalía afirma que Roa direccionó licitaciones
La acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca señala que el exministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
Roa tuvo a su cargo la SEN entre 2013 y 2022, pero según la fiscalía entre 2018 y 2021 adjudicó licitaciones y contrataciones en forma sistemática a Alberto Koube por G. 16.080 millones.
El total 11 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al ahora acusado, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros, de acuerdo a la acusación del fiscal Silvio Corbeta.
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Esta causa es un desprendimiento del caso A Ultranza y surgió tras los datos obtenidos con los allanamientos hechos desde el 22 de febrero de 2022, así como la inmovilización del yate “Antares”, registrado a nombre del grupo “Tapyracuai SA”, representada por Alberto Koube, y que habría recibido Joaquín Roa a cambio de redireccionar licitaciones por valor de G. 16.080 millones las cuales fueron adjudicadas a firmas ligadas a Koube.