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En un procedimiento abreviado, la jueza penal de garantías Cynthia Paola Lovera Brítez resolvió condenar a un año de prisión a José María Alvarenga Espínola (26), por el robo de cables de Copaco.
De acuerdo a la resolución del juzgado, el condenado aceptó someterse al procedimiento abreviado al admitir el hecho de hurto agravado y perturbación de instalaciones de telecomunicaciones y su condición de adicto a sustancias, específicamente el chespi o crack.
Siempre según lo constatado en la resolución, el abogado de Copaco, Walter Núñez, el hurto por el cual se condenó a Alvarenga significó el corte de los servicios de interconexión al Instituto de Previsión Social (IPS) y más de quinientos usuarios cuya facturación se vio perjudicada durante un lapso importante.
Además, puso a consideración el costo de los materiales hurtados, que aun siendo recuperados, su reposición se tornó imposible debido a que días después del procedimiento de reposición nuevamente fueron objeto de hurto.
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Daño patrimonial de G. 60 millones
El abogado de Copaco resaltó que el daño cuantificado asciende a la suma de G. 66.214.511, conforme al informe de cuantificación y evaluación de proyectos remitido por dependencias de la Copaco.
Pese a que la jueza condenó a un año de prisión a Alvarenga por el robo de cables, en la sentencia definitiva decretó la suspensión de la ejecución de la condena, imponiéndole reglas de conducta y obligaciones por el plazo de dos años. Dichas reglas de conducta son las siguientes:
- Prohibición de salida del país, sin autorización previa y expresa del Juzgado de Ejecución donde radique la presente causa.
- Obligación de residir en el domicilio ubicado en el Lombardo y Última – del Barrio Cerrito de la ciudad de Asunción (a una cuadra del último frigorífico San Pedro) no pudiendo cambiarlo sin orden previa y expresa del Juzgado de Ejecución donde radique la causa.
- Comparecencia trimestral del 1 al 10 del mes correspondiente ante el Juzgado de Ejecución Penal, a fin de firmar el libro que se habilitará para tal efecto.
- Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
- Prohibición de portar cualquier tipo de armas.
- Obligación de realizar un tratamiento de desintoxicación en el Centro Nacional de Adicciones, en la forma y frecuencia que lo determinen los profesionales médicos tratantes.
- Obligación de presentar constancia de la primera consulta realizada en el Centro Nacional de Adicciones en el plazo de 10 días y luego de dicha evaluación en forma mensual durante el tiempo que dure la suspensión condicional del procedimiento.
Finalmente, apercibió al condenado de que, en caso de incumplimiento, se revocarán las reglas de conducta y el proceso seguirá su curso.
Denuncian contrabando de cobre y otros metales
El presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, Carlos Mangabeira, declaró que no hubo grandes avances con respecto al rubro del cobre, más allá de dos incautaciones en Pedro Juan Caballero. Contó que su sector está esperanzado en que el proyecto de ley que regula el acopio y comercialización de materiales ferrosos y no ferrosos se apruebe para que exista una sanción a quienes comercialicen residuos metálicos en forma ilegal, especialmente en zona de Pindoty Porã, Corpus Christi (Canindeyú) que es “tierra de nadie”, para este tipo de contrabando.
Considera que, de volverse ley, existirán medidas más duras en contra de este delito, que según la Policía es cometido por jóvenes en situación de adicción, pero también por grandes contrabandistas de metales.
En tanto, el exfiscal del Medioambiente Ricardo Merlo alertó acerca de la gran cantidad de dinero que mueve el contrabando de cobre, aluminio, chatarra y plástico: de entre US$ 30 y US$ 40 millones al año. Advirtió que semejante suma no podría moverse sin que las autoridades se percaten, por lo que presume que habría complicidad incluso en el sistema financiero. Comparó que hoy día un kilo de cobre cuesta mucho más que un kilo de marihuana.