Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, imputaron a Óscar Erwin Villamayor Báez, jefe de operaciones de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), al policía Rodolfo Martínez Molinas, del departamento contra Delitos Económicos y Financieros, y a Alcides Ramón Ayala.
Los hechos que les son atribuidos a los tres son cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión. Los fiscales formularon la imputación tras tomar audiencia indagatoria a los citados, quienes fueron detenidos en horas de la mañana de este jueves. En aduanero y el policía se abstuvieron de declarar, mientras que el estibador supuestamente encubrió a sus dos presuntos cómplices.
Así también, Estigarribia y Coronel solicitaron al juzgado penal de garantías de turno la aplicación de la prisión preventiva para todos ellos.
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Exigían hasta G. 300.000 para no incautar mercaderías
De acuerdo con información proporcionada por los investigadores, a mediados del mes de setiembre de 2022 el Ministerio Público recibió una denuncia en la que se daba conocimiento sobre la existencia de un grupo o equipo de funcionarios de la COIA y la Policía contra Delitos Económicos y Financieros que coaccionaban y extorsionaban a los comerciantes.
La modalidad en que operaban los integrantes de este equipo consistía en constituirse en un local de cualquiera de los mercados del país, pues tienen jurisdicción a nivel de la República, donde señalaban que los productos que tenían para la venta eran de contrabando.
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El comerciante, así, era tomado por sorpresa y en ese mismo “operativo” los intervinientes de su negocio le exigían el pago de una suma de dinero determinada o la que tenían en ese momento a cambio de no incautar los productos comercializados.
En el caso de la denuncia recibida, ocurrió en el mercado de San Lorenzo, donde un comerciante se vio forzado a entregar la suma de G. 20 millones en efectivo.
No contento con todo eso, el equipo interventor exigía pagos semanales de dinero que oscilaba entre los G. 200.000 y G. 300.000 en efectivo, para evitar la realización de nuevos allanamientos a ese establecimiento.
Un llamado a la ciudadanía para que denuncie
Estigarribia aprovechó la ocasión para invitar a la población que es víctima de extorsionadores, y si son de funcionarios estatales a que presenten denuncias.
Pidió que tengan confianza y no sientan temor de dar a conocer los casos para que se pueda llegar a los responsables.