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La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través de su AI N° 40, ordenó la prisión preventiva de Aníbal Estigarribia Casco (53), Magno Daniel Deleón Villalba (29) y Milciades Ramírez Morel (24), que deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Los mismos están vinculados a la investigación A Ultranza.
Tanto Aníbal Estigarribia como Magno Deleón y Milciades Ramírez participaron de la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Rosarito Montanía a través de medios telemáticos y fueron asistidos por un abogado particular, Billy Javier Gray Cáceres.
De hecho, durante la diligencia, el abogado solicitó la aplicación de medidas menos gravosas y ofreció fianza personal por Aníbal Estigarribia y en el caso de Magno Deleón ofreció fianza real con un inmueble identificado como Finca 19.892 de Limpio. Sin embargo, en caso de que el juzgado no aceptara la aplicación de medidas alternativas a la prisión, solicitó la reclusión de los tres en Coronel Oviedo, tal como luego se decidió.
Los tres fueron imputados por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, por los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, según la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias, que tienen una expectativa de pena de 5 a 15 años.
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Participación con el clan Insfrán, según Fiscalía
De acuerdo con los datos recogidos durante la investigación de “A Ultranza Py”, los tres citados más arriba habrían formado parte de la organización criminal supuestamente coliderada por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (31) y el paraguayo Miguel Ángel insfrán Galeano (40), alias Tío Rico, realizando actos a favor de la familia Insfrán con el fin de hacer circular el dinero proveniente del tráfico de cocaína mediante programas ofrecidos por la Cooperativa San Cristóbal.
Dichas operaciones eran realizadas con la participación del también procesado exsenador colorado Juan Carlos Ozorio, quien, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, aprobó todas las solicitudes, pese a las negativas de los analistas de riesgo crediticio de la entidad.
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Para hacer más efectiva su colaboración en el esquema, Aníbal Estigarribia se habría asociado a la Cooperativa San Cristóbal el 22 de enero de 2019 y en su carácter de socio realizó descuentos de cheques personales, también librados por personas vinculadas a la familia Insfrán, para obtener líneas de créditos a favor de los integrantes del grupo criminal, para utilizar las ganancias del narcotráfico.
Es preciso señalar que Aníbal Estigarribia es el padre del otro imputado en este mismo caso, Luis Iván Estigarribia Alderete (25), quien sería testaferro de Miguel Ángel Insfran Galeano, en cuanto a la compra de bienes mediante la empresa “Barakah SRL”, cuyas acciones adquirió el 11 de noviembre de 2020.
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Al servicio del supuesto narcopastor Insfrán
Por su parte, Magno Deleón también se habría asociado a la Cooperativa San Cristóbal el 12 de agosto de 2019. Al mismo tiempo, solicitó un préstamo con la presentación de un certificado de trabajo de la empresa “La Siembra Taller y Logística”, que fue firmado por el propietario: el pastor prófugo José Alberto Insfrán Galeano.
Deleón cumplía funciones como asesor jurídico en la firma del pastor Insfrán, con una remuneración salarial de G. 50.000.000; a tal efecto, por esta razón, la cooperativa no envió personas para la verificación del supuesto lugar de trabajo, bajo el pretexto de que no forma parte de la cobertura de la compañía Investigaciones y Verificaciones SA (Invesa), dedicada al relevamiento de datos para cooperativas y entes financieros.
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El certificado de trabajo para Magno Deleón fue creado para la referida operación, ya que “La Siembra Taller y Logística” no figura dentro del sistema tributario nacional como una empresa existente. Deleón, además, era el administrador del Centro de Convenciones Avivamiento, es decir, sería persona de confianza de la familia Insfrán.
Los tres procesados se pusieron a disposición de justicia, al presentarse voluntariamente el martes último en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en la capital del país.