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El suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, acusados por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes, afrontarán juicio según resolvió ayer el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios en audiencia preliminar. Ahora se aguarda fecha para inicio del juicio.
La fiscala Alma Zayas ratificó la acusación y la elevación de la causa a debate público ante un Tribunal de Sentencia. La defensa de los agentes de Policía, ejercida por los abogados Julián Vega y Horacio Mora, se allanó al pedido del Ministerio Público.
Zayas interinó a los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, quienes son los agentes naturales del caso.
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La fiscala Alma Zayas informó a ABC Color que la diligencia de la etapa intermedia se llevó a cabo sin incidentes, aunque el único planteamiento que hizo la defensa de los hoy acusados fue la admisión de una resolución de un proceso sumario hecho a los efectos de conocer que ellos no modificaron los datos informáticos de José Luis Bogado Quevedo.
Sobre esa petición, Zayas dijo que, como representante del Ministerio Público, no se opuso a la ampliación probatoria; sin embargo, advirtió que los elementos de convicción ya fueron arrimados en tiempo y forma, y que en los mismos constan, cronológicamente, las alteraciones hechas por Vargas y Ayala.
Atentado permitió conocer alteraciones
Según la acusación fiscal, en el tiroteo ocurrido durante el “Ja’umina Fest”, en San Bernardino, el 30 de enero de este año, murieron la influencer Cristina Vita Aranda y el supuesto narco Marcos Ignacio Rojas Mora. Igualmente, resultó herido José Luis Bogado Quevedo, luego detenido en un hospital.
La investigación relacionada al ataque permitió conocer que dos agentes de la Policía estaban involucrados en la alteración del prontuario informático de Bogado Quevedo, quien desde 2019 tenía orden de captura con fines de extradición al Brasil, donde fue condenado por narcotráfico.
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Policías sobrescribieron sucesivamente prontuario de narco
Mediante averiguaciones del Ministerio Público se constató que, el 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía recibió el Oficio N° 4, del 27 de diciembre de 2018, a través del cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Elio Rubén Ovelar Frutos, pidió la detención con fines de extradición de José Luis Bogado Quevedo.
Ese oficio fue cargado al sistema informático policial el 4 de enero de 2019, a través del operador con usuario “medinas”, todo lo dispuesto por el órgano judicial. El operador llenó así el campo correspondiente de la causa: el dato de “detención con fines de extradición” y en el campo correspondiente a estado con el dato de “prisión preventiva-captura”.
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Un año después, el 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía, operador con usuario “ayalaf”, ingresó para consultar los datos de Bogado Quevedo y modificó los mismos, correspondientes al campo de estado, cambiando la “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”.
También modificó el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018″ por “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019″, y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.
El 20 de mayo de 2020, nuevamente el operador policial “ayalaf” ingresó a la ficha de Bogado Quevedo e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente y además en el campo de sentencia consignó: “AI 1.185″.
Uniformados cargaron datos originales y los volvieron a alterar
El 28 de agosto de 2020, otra vez el suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la ficha de Bogado Quevedo, esta vez para volver a cargar los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.
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Esta vez, el suboficial Vargas Espinoza, con usuario informático “vargasr”, ingresó el 23 de abril de 2021 desde la Dirección de Policía de Ñeembucú y modificó la ficha de consulta de Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021″, la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644″; la situación: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006″; y el estado: “antecedentes”.
Ese mismo día, el uniformado “vargasr” modificó la carga hecha previamente, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situación a: “N” (que significa nulidad).
Alteraciones destaparon encubrimiento y nuevo pedido del Brasil
Por último, el 31 de enero de 2022, un día después del ataque, el usuario “vargasr” ingresó a la ficha de Bogado y alteró todos los datos volviendo al estado original. Sin embargo, este ingresó nuevamente por última vez, ese mismo día, y cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los otros datos ya cargados.
En febrero último, el entonces director de la Dirección Técnica y Científica de la Policía, comisario general inspector Francisco Andino, informó a ABC que entre los tres uniformados realizaron 13 modificaciones al perfil de antecedentes judiciales de José Luis Bogado Quevedo.
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José Luiz Bogado Quevedo es requerido por la justicia de Brasil, donde ya tiene una condena de 17 años, 3 meses y 903 días multa por organización delictuosa.
Sin embargo, para mayo último, el juez Rolando Duarte cerró el proceso de extradición de José Luis Bogado Quevedo al Brasil, debido a que las autoridades del vecino país no remitieron la documentación pertinente en el plazo establecido en el Tratado de Extradición.
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Pese al archivamiento de este proceso, Bogado Quevedo continúa preso en virtud de una nueva orden de captura impartida por la justicia brasileña, a cargo del juzgado penal de garantías N° 7, juez Miguel Palacios.