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La defensa de uno de los tres comisarios enjuiciados por presuntas torturas cometidas, durante la época de la dictadura stronista, contra Domingo Guzmán Rolón (+), cuestionó que se haya aplicado en forma retroactiva el Código Penal, vigente desde 1997, a hechos que se habrían registrado entre los años 1976 y 1978.

Aparte de los militares y de los policías, también los docentes pretenden conservar sus privilegios en el marco de la reforma de la Caja Fiscal promovida por el Poder Ejecutivo debido a su “acelerado deterioro”, al decir del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. “Estamos en pie de guerra”, llegó a decir Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), como si fuera lo más natural del mundo. Por tanto, recurren desde ya a la extorsión, amenazando con no iniciar las clases en este año lectivo si sus demandas no son aceptadas. En realidad, los docentes deberían estar “en pie de guerra” contra la ignorancia propia y ajena, en vez de lanzar amenazas con el fin de mantener sus prerrogativas en perjuicio de los contribuyentes. Lo que es seguro es que la exigencia de privilegios indebidos no va a contribuir en beneficio de la educación paraguaya.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso planteado por la defensa de los policías Evelyng Jazmín Núñez González y Cemion Arce Mendoza, condenados a 4 años de prisión por “apretar” a una joven madre. En juicio, concluido en mayo de 2024, fueron declarados culpables de privación de libertad, coima y extorsión en grado de tentativa.

Del grupo de 5.000 nuevos agentes policiales egresados recientemente, unos 50 fueron enviados a este departamento chaqueño y ya fueron distribuidos para prestar servicios en las principales comisarías de la zona. Con esto se está superando la cantidad de 150 uniformados que trabajan en el Alto Paraguay, cifra que resulta insuficiente atendiendo la gran extensión territorial que deben cubrir.

El juicio a tres comisarios de la dictadura stronista, procesados por presuntas torturas, entró en fase final. En este contexto, la Fiscalía presentó sus alegatos y solicitó penas que van entre 25 y 30 años para los policías. El proceso, que estuvo trabado por 8 años, trata sobre hechos registrados en 1976.