Lo ocurrido en Ibáñez Rojas, compañía de San Juan Bautista, y en Ysypo e Ysypo Potrero, compañía de San Miguel, refleja una realidad conocida pero dolorosa. La desidia de las autoridades sigue afectando a cientos de familias que viven aisladas.
Cada lluvia, por más leve que sea, convierte los caminos en trampas de barro, zanjas profundas y charcos interminables. Los pobladores deben improvisar formas de salir para llegar a la ciudad o asistir a una consulta médica urgente. También se ven obligados a arriesgarse para transportar sus productos frutihortícolas.
Estas comunidades dependen de la agricultura familiar y la falta de caminos golpea directamente su economía.
La situación se repite año tras año, mientras las autoridades municipales y departamentales prometen soluciones que no llegan. Y en otros casos, solo realizan los conocidos trabajos “vai vai”, que en menos de un mes vuelven a deteriorarse por completo. La gente ya no confía en estos arreglos superficiales. Lo que piden es una intervención seria, planificada y duradera.
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En Ibáñez Rojas, los vecinos describen un trayecto que parece un tajamar por la falta de cunetas y el estancamiento constante de agua después de cada lluvia.
La ausencia de mantenimiento se siente en cada tramo destruido. Ante la inacción estatal, los pobladores se organizan, juntan dinero y reparan los caminos a puro pulmón. Sin embargo, esta es una obligación de la Municipalidad, la Gobernación y el Ministerio de Obras Públicas.
En Ysypo y Ysypo Potrero la queja es exactamente la misma: trabajos superficiales que no duran ni una semana de tránsito. Las autoridades insisten en la excusa de que “no se puede trabajar porque llueve siempre”. Los pobladores aseguran que esta explicación ya no convence a nadie. Lo que falta no es clima, sino compromiso y planificación.
En pleno 2025, resulta inaceptable que comunidades enteras sigan dependiendo de su esfuerzo para mantener caminos que por ley deberían ser responsabilidad del Estado.
Los vecinos no piden privilegios; exigen un camino digno, transitable y seguro. Lo mínimo que cualquier gobierno debe garantizar. Ignorar este reclamo es profundizar un retroceso que divide aún más a los ciudadanos entre los que cuentan y los que son condenados al olvido.
jesus.riveros@abc.com.py