Los residuos habían sido trasladados desde la compañía Mainumby, el mismo sitio donde, según denuncias, el propio intendente habría autorizado el vertido de basura días atrás, contaminando humedales y cursos de agua.
El gesto de “devolverle su basura” al jefe comunal no fue casual: apuntó directamente a la responsabilidad política de quien, en lugar de proteger el ambiente, es acusado de ser parte de su destrucción.
Este conflicto no es nuevo. Desde 2024, la comunidad se opone a la instalación de un vertedero de la empresa El Farol, con antecedentes en el cuestionado negocio de los residuos. El lugar elegido para el depósito: una zona de humedales, vital para la biodiversidad, el agua y la producción orgánica de caña de azúcar, que es el motor económico de la zona.
Ante semejante amenaza, vecinos y cañicultores han protestado una y otra vez. Pero la respuesta municipal ha sido silencio, evasivas y, lo más grave, acciones que refuerzan la sospecha de complicidad con los intereses privados.
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El problema de la basura es una constante en Paraguay, pero en Arroyos y Esteros adquirió una dimensión más obscena: un intendente señalado por permitir la contaminación de humedales y un municipio convertido en sinónimo de vertedero político. Lo que debería ser un gobierno local al servicio de la gente, hoy aparece como un engranaje más de negocios turbios que sacrifican el futuro de la comunidad.
Cuando las autoridades traicionan su rol y ensucian lo que deberían proteger, no solo se degrada el ambiente: se degradan también la democracia, la confianza ciudadana y la dignidad de un pueblo. Arroyos y Esteros ya habló claro, y lo hizo con la fuerza de la indignación: no aceptarán que la corrupción y la basura definan su destino.
faustina.aguero@abc.com.py