Tan sensible e importante es el tema, que hasta los senadores oficialistas se vieron obligados a asumir públicamente que instaron al Ejecutivo a presentarlo sin más demoras, para intentar acallar las críticas hacia la falta de una política clara sobre un servicio que no satisface a nadie.
El proyecto que será remitido plantea que el Estado provea directamente los colectivos y que las empresas concesionarias gestionen el cumplimiento de la frecuencia y los trayectos adjudicados, con algunas nuevas exigencias a las prestadoras del servicio.
El proyecto también incluirá una modificación sobre un tema controversial: el subsidio que se entrega actualmente a las concesionarias del viceministerio de Transporte en el área metropolitana.
La propuesta sería dejar de pagar un subsidio por cada pasajero transportado y hacerlo por cada kilómetro recorrido, como se viene haciéndolo ya en el servicio nocturno.
El argumento es que de esta manera los transportistas se verán obligados a cumplir con las frecuencias e itinerarios adjudicados para poder acceder al pago de este dinero público que funciona como complemento del monto cobrado directamente a cada pasajero.
El contrapunto a ésta nueva mecánica será tener un sistema de control eficiente, que fiscalice la circulación real de esos colectivos, para que en el futuro en lugar de pasajeros fantasmas no aparezcan viajes fantasmas, con la intención de cobrar montos mayores como subsidio.
De este modo el Ejecutivo, aunque con una mecánica diferente, pretende mantener el sistema de subsidio, algo apoyado también por parlamentarios oficialistas, que son conscientes de que cortarlo generaría inmediatamente reclamos y protestas de los más de 300 mil pasajeros que se estima utilizan periódicamente el servicio.
Pero el problema de fondo es hasta ahora irrebatible: el subsidio al transporte público que en teoría surgió por un tiempo breve, y que rige solo en el área metropolitana y exclusivamente para las concesionarias del viceministerio de Transporte, no ha cambiado en nada la realidad del servicio en más de 12 años de vigencia.
Durante todo este tiempo se han entregado más de 247 millones de dólares y la cantidad desembolsada anualmente va creciendo sin que se perciba una mejora en la calidad de este servicio que es imprescindible.
En la semana que termina los senadores postergaron analizar un proyecto que fue presentado para eliminarlo definitivamente.
Su proyectista, el senador liberal Líder Amarilla nos decía en la 730 AM que el sistema de subsidio que se viene ejecutando desde el año 2011 es solo una muestra más del modelo de complicidad que el partido colorado viene manteniendo desde hace más de tres décadas con los mismos empresarios transportistas a quienes les entrega dinero público periódicamente.
Amarilla recordó los más de 27 millones de dólares entregados bajo el gobierno de Wasmosy para renovar las flotas de transporte y el monto otorgado también por el gobierno de Cartes a cambio de cada colectivo dado de baja, como muestras del dinero público que fue pagado sin conseguir el resultado de mejorar de forma relevante la calidad del servicio.
“Todo este sistema es un negociado que está haciendo el partido colorado desde hace más de 30 años para darle plata pública a un sector que está maltratando sistemáticamente a los ciudadanos” nos decía a modo de resumen el parlamentario opositor.
Fue por eso que sonaron cuando menos chocantes las declaraciones del representante de los empresarios de Cetrapam, César Ruiz Díaz, quien también en la 730AM aseguraba que si siguen estas condiciones de subsidio ellos querrían salir del sistema porque ya no tienen condiciones de seguir trabajando.
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