Cada vez que caen unas gotas de lluvia, este tramo se convierte en una trampa de barro y agua, aislando a los vecinos, dificultando el tránsito de vehículos, ambulancias, escolares y productores, que ven seriamente afectadas su movilidad y su calidad de vida.
Resulta inconcebible que en pleno 2025 existan aún lugares donde sus pobladores tengan que vivir con la incertidumbre de no saber si podrán salir de sus casas en días de lluvia o si una urgente ayuda médica podrá llegar a tiempo.
Este último viernes, un camión que trasladaba el almuerzo escolar quedó varado durante más de ocho horas en la compañía Bernardino Caballero. El barro y los enormes baches impiden la circulación normal de vehículos, afectando directamente a los niños. Esta realidad también golpea a poblaciones como Zanha Hú, de Atyrá; Arroyo Porã y Pindoty, de Isla Pucú; además de Ytaybu Guazú y Yakaroysã, de Caacupé. La falta de caminos de todo tiempo refleja años de abandono institucional.
La falta de inversión en infraestructura vial no es un simple descuido, es una negligencia institucional que atenta contra los derechos básicos de la ciudadanía: el derecho al libre tránsito, a la salud, a la educación y al trabajo.
Mientras las autoridades locales y nacionales se excusan o prometen mejoras que nunca llegan, la comunidad sigue esperando. No se trata de un favor, se trata de una obligación constitucional.
Los gobiernos municipales y el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones deben hacer su trabajo, mantenimiento y reparación de caminos; sin embargo, en Bernardino Caballero como en tantas otras compañías rurales del país ese compromiso sigue siendo letra muerta.
Es hora de que los responsables de gestionar recursos y definir prioridades dejen de mirar hacia otro lado. El bienestar de estas comunidades no puede seguir dependiendo del clima ni de la voluntad circunstancial de algún político en campaña. Hace falta voluntad, gestión y empatía con los sectores históricamente postergados.
La ciudadanía merece caminos de todo tiempo, necesitan con urgencia calles accesibles y seguras, que permitan la integración real de las zonas rurales con los centros urbanos y los servicios que solo allí se concentran.
Si esto no se resuelve, la desigualdad seguirá profundizándose y el abandono institucional se convertirá en una condena diaria para quienes habitan estas comunidades.