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En Roma, para los estoicos la ética se asentaba en el autocontrol, lo que es correcto, una guía para la vida diaria, concentrando su atención en la importancia de la moralidad.
Tanto la ética griega como romana asentaron con énfasis las bases para el perfeccionamiento de la ética contemporánea relevantes para entender la moralidad y el comportamiento humano en el mundo contemporáneo. Es que la ética es una herramienta que debería adoptarse por los servidores públicos intrínseca de la conducta de los mismos.
Hoy día, la ética es una concepción valorativa. Se la concibe de lo que es bueno, obligatorio o justo. Procura instruirnos cuál debe ser el orden de prelaciones de prioridades en la vida como personas y como miembros de una comunidad. Satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.
A nadie escapan los últimos acontecimientos que involucran al mismísimo Presidente de la República, en cuya actuación se perfila hondamente, si no intereses creados, sí una suerte de falta de ética. De hecho, esta está ausente en muchos de los que fungen de autoridad, léase legisladores, administradores de la cosa pública, directores y sector privado. Llevar una vida en correspondencia a la ética parece ser en nuestro medio no solo complicado sino toda una utopía más aun en aquellos que recogen favores procedentes de prácticas contrarias a esta disciplina. Es que cuando se reciben beneficios derivados de prácticas contrarias a esta disciplina aquella deja de ser pilar fundamental para la gobernabilidad efectiva y la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.
En el caso del Presidente y su legítimo derecho a realizar inversiones no estaría afectado por conflictos de intereses según la ley que regula el conflicto de intereses, pero sí en cuestiones que hacen a la ética.
Los actos de negocios como los materializados por el Presidente de la República en pleno goce de su envestidura como tal quiérase o no tienen profundas repercusiones tanto para el Gobierno como para la relación con la ciudadanía. Lejos de estimular, robustecer y afianzar una cultura de sometimiento hacia los más altos valores éticos en que debe descansar la gestión gubernamental, al parecer en el ejercicio de la función pública ha preferido prevalecer su interés personal, su propios intereses. Disponer la migración de fondos públicos a entidades financieras en las que aquel era accionista, así sea minoritario, no condice con las pautas de la ética, al menos entendiéndose esta como anteponer el interés personal al general.
Cuando un Presidente de la República tiene negocios, tiene intereses personales que pueden influir en sus decisiones en su rol público, más aún cuando se da falta de claridad respecto a sus negocios; ello autoriza entrar en sospechas y desconfianza, todo lo cual afectará su capacidad para tomar decisiones objetivas en su rol, la que conllevará quiérase o no, perder la confianza pública y ser objeto de críticas severas. Esto es que hay una aprobación de que un presidente actúa de manera poco ética.
El presidente Peña y su entorno deben propiciar la ética en su actuar, ya que su falta acarreará graves consecuencias que afectarán, quiérase o no, la estabilidad política del país; caso contrario, como ya sucede, su liderazgo será percibido como corrupto. Todo presidente debe conducirse como modelo de rectitud y ética. La percepción de un liderazgo ético es fundamental para el fortalecimiento y funcionamiento de la democracia y la confianza en las instituciones.
La discusión sobre la ética y los negocios de un presidente debe ser seria y fundamentada, basada en hechos y en la normativa vigente, siempre buscando el bienestar de la comunidad y la transparencia en la administración pública.
Una sociedad cada vez más próxima a estos valores debería estar alejada de temas como la corrupción, lavado de activos, favores, amiguismo, cuya consecuencia directa sería la búsqueda de la transparencia en la gestión pública y privada.