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En un Estado de derecho, el Ministerio Público desempeña un papel fundamental en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, lamentablemente, esta institución en nuestro medio no cumple cabalmente con su rol, lo cual genera graves consecuencias produciendo un vacío que pone en riesgo la seguridad jurídica y el bienestar de la sociedad. Es que al no ejercer su papel de garante, se vulnera el principio de legalidad y se socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Honestamente, creo que la confianza en el Ministerio Público y en particular en su cabeza está socavada.
La sensación generalizada en casos emblemáticos de corrupción de altos funcionarios públicos o políticos, en particular de estos, es que el Ministerio Público está propiciando torcidamente la impunidad sin descontar la invención de causas teledirigidas por supuestos operadores de la
justicia, todo lo cual puede ser considerado como una grosera violación de los principios de justicia y debido proceso, principios dejados de lado por el Ministerio Público, el cual, valga como ejemplo emblemático, dejó impune la grosera y voluntaria manipulación de uno de sus miembros por un abogado del foro abocado en la producción de un caso penal. El caso de acusación al expresidente de la República y excolaboradores del mismo nadie duda de que es consecuencia de prejuicios personales dejando de lado la ley y las evidencias. Este será estudiado en la historia como un adefesio jurídico entendiéndose como una decisión jurídica que es considerada absurda, injusta, con el solo fin de obtener resultado injusto.
Ciertamente, el Ministerio Público ha venido sin atisbo de vergüenza alguna y sin consecuencias legales, lo que nos hace pensar de la existencia de todo un contubernio con el poder político y de quienes tienen la misión de controlar el actuar de aquel, en no solo manipular la verdad sino en un actuar carente de un mínimo de imparcialidad todo al efecto de obtener el resultado deseado dañando la credibilidad del Ministerio Público y del sistema judicial en general, todo lo cual genera con razón la desconfianza y escepticismo entre la población sin descontar las consecuencias graves para la justicia, ya que puede implicar la condena de personas inocentes o la absolución de personas culpables, lo que puede, por qué no, conllevar a inestabilidad social, ya que las personas pueden sentir que el Ministerio Público no es justo ni imparcial.
Es que cuando el Ministerio Público está al servicio del poder y de la impunidad, se genera una situación extremadamente peligrosa para la democracia y el Estado de derecho, ya que consolida un sistema de justicia injusto y corrupto dejando de ser un órgano independiente y autónomo, para convertirse en un instrumento al servicio de los intereses de los poderosos, o sea, la impunidad de los delitos cometidos por aquellos con poder e influencia, y en la persecución de aquellos que se oponen al sistema.
Es imperiosa la necesidad de que el Ministerio Público y en particular su cabeza, mantengan su independencia y autonomía para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley, si no pueden, deben, en salud del Estado de derecho, dejar el cargo, esto es imperioso y necesario. De no ser así generarán, cosa que ya se está viendo, un círculo vicioso de corrupción e impunidad que puede ser difícil de romper.
Así las cosas, es necesario RECORDAR al Ministerio Público Fiscal, a la cabeza, tal cual lo expresó en su Plan Estratégico Institucional 2018-2023, que este tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y su independencia y autonomía son esenciales para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley.
