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Lo cierto es que el concejal, por nota dirigida a la presidencia del organismo, comunicó que renunciaba a los servicios de “agua mineral, café con leche y coquito” disponibles para los concejales los días de sesión y de reunión de comisiones asesoras, bajo el argumento de que percibe una dieta pagada con plata pública que le es suficiente para proveerse de estos refrigerios por cuenta propia, y atendiendo a que la compra de estos productos es “una carga innecesaria para el contribuyente”.
En esa misma línea de pensamiento, Flecha esgrimió un solitario voto en contra de la aprobación de un monto de G. 263.850.000 anual (poco más de G. 720.000 por día) como presupuesto anual por servicio de catering para el Ejecutivo departamental.
Nuestra clase política está acostumbrada a servirse del pueblo, y no a servir al pueblo, esgrime Flecha como fundamento de su acción, a sabiendas de que podría ser objeto de burlas y hasta del enojo de sus colegas.
Con un argumento equiparable a un disparo por debajo de la línea de flotación a la clase política, el edil sostiene que constituye un acto de abuso que un país donde mucha gente no tiene siquiera un 10.000 guaraní para comer todos los días, un grupo de privilegiados pagados con recursos públicos sumen más carga al contribuyente.
El mensaje subliminal (por debajo del umbral de la conciencia) que lanza a sus colegas políticos es válido para contrastar con la actitud de una “clase” dirigencial que vive de espaldas a la realidad de ese “Paraguay profundo” que, a todas luces, no está representado por quienes ocupan los espacios de poder público. Sin ir más lejos, miremos el Congreso Nacional, y el derroche de recursos públicos para cubrir “jubilaciones vip”, “seguros médicos vip”, combustibles, contratación de “nepobabies”, “huesibabies”, y la mar en coche.
Es evidente el divorcio entre la visión del mundo que tienen estos representantes y la realidad de miles de compatriotas sin trabajo, y con empleos pero salarios de hambre. La actitud del concejal Flecha resulta perturbadora para muchos “representantes del pueblo” que asumen como un “mandato divino” el derecho del uso y abuso de la cosa pública con ambición desmesurada y miope.
Ojalá ese ejemplo, mínimo pero aleccionador, sirva para motivar a otros a tener una actitud más crítica hacia la función que les toca desempeñar, y entender que el acceso a espacios de poder no los convierte en dueños de la cosa pública.