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Eso al menos escribió ayer en su red social el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, exhibiendo una foto con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
Un poco tarde advierte el cartismo que no le conviene, ni a nivel nacional ni internacional, seguir mostrando de manera descarada actitudes y manejos autoritarios, imponiendo todo con su mayoría en el Congreso y otras instituciones, ocupando todos los espacios, no solamente los vinculados a los poderes del Estado sino también avanzando sobre las organizaciones civiles.
Si uno creyera en la seriedad de sus intenciones, la iniciativa implicaría un giro copernicano en cuanto a todo lo que hizo el régimen cartista desde que asumió el poder y que sigue haciendo hasta ahora.
Sin embargo, al tiempo de hacer este anuncio, el oficialismo continúa imponiendo en el Congreso proyectos sin mucho debate como el referido al control a las organizaciones no gubernamentales, desoyendo los pedidos de diálogo y de consenso que partieron de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, a la que su líder Cartes tanto dice respetar.
La propuesta de un “gran acuerdo nacional” debería comenzar por un compromiso sincero del oficialismo de respetar a las minorías, volver atrás con las persecuciones y compartir los espacios de poder actualmente reservados solo a leales y a opositores comprados y obsecuentes.
Dado que es seguro que el cartismo no hará eso, ya que implicaría ir en contra de sus objetivos y su naturaleza misma, podemos presumir que este llamado a un acuerdo nacional no es nada más que un eslogan marquetinero detrás del cual está la pretensión de mostrar una fachada democrática y de que la oposición respalde los proyectos y programas del Ejecutivo sin cuestionar nada.
Esta “brillante idea” tiene el plus de que si la mayoría de la oposición decide no prestarse a la jugada, podrán acusarla de contrera y antipatriota, que solo quiere ponerle palos a la rueda.
El anuncio del cartismo se produce además tras la culminación de la Reunión del Mercosur, en la que el Gobierno paraguayo se comprometió a luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
Estas expresiones tan loables también mueven a la desconfianza, porque los males a los que esta administración promete combatir están instalados en su propio patio.
El presidente Santiago Peña debería comenzar por dejar de abrazarse y posar públicamente con cada dirigente de su partido que está sospechado y acusado de vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.
También debería mostrar algún liderazgo para instar a sus correligionarios que fungen de autoridades a que no sigan atropellando leyes y reglamentos y que sean transparentes en el uso de recursos públicos, lo cual implica mostrar los documentos sobre los gastos que realizaron.
Si no hacen estas cosas, el pretendido “acuerdo nacional” y la “agenda prioritaria” no serán más que lindos títulos, pero con los que difícilmente puedan engañar a alguien.