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Tras una nueva reunión, estirada hasta este viernes por la tarde para aumentar la incertidumbre de quienes viajan en colectivos, el gobierno anunció que el paro queda postergado hasta el martes 11 de junio por decisión del Ministerio de Trabajo, al no haber aún un acuerdo entre las partes enfrentadas, el viceministerio de Transporte y los transportistas de CETRAPAM.
Queda sin embargo la sensación de que una vez más se cedió ante un gremio que pone en vilo a quien más lo necesita, aquel que se ve obligado a seguir viajando en ómnibus, y que quizás por ahora, y solo por ahora, no se arroja al manubrio cuando menos de alguna motocicleta para evitar seguir siendo rehén de las constantes amenazas e insinuaciones de interrupción de este servicio público de carácter básico.
Sensación de que se cedió una vez más, al considerar que está vigente en el país una ley, la 6789, que desde el 2021 obliga directamente a cancelar las licencias, itinerarios y subsidios a empresas del transporte público que fueron adjudicadas y que cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas del país, que infrinjan esta ley, sin permitirles incluso solicitar reembolsos ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleven el incumplimiento de los presupuestos de la norma.
El artículo quinto de los siete que tiene esta ley específica es aún más categórico, al establecer taxativamente que en caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.
Coacción y perturbación de servicios públicos son entonces los delitos a los que remite esta ley dentro del marco penal, que establece una posibilidad de llegar incluso a diez años de cárcel como condena.
Pese a ello el gobierno sigue negociando con este gremio que lo amenaza, un camino diferente es el que tomó la organización civil OPAMA, integrada por universitarios de diferentes especialidades, quienes ya presentaron una denuncia penal contra quienes amenazaron durante la semana con interrumpir este servicio básico que es producto de una concesión del Estado.
Habrá que ver qué decisión toma la fiscalía tras esta denuncia.
Mientras tanto otros dos gremios de transportistas del área metropolitana, la UCETRAMA y el FETRAM ya aclararon que no ven motivos para plegarse a esta medida de presión que tiene una vez más al pasajero como víctima.
Otro gremio, la Asociación de Transportistas Internos ofreció inclusive 400 ómnibus para que, en caso de ser necesario, puedan cubrir los itinerarios afectados por el paro.
El dedo en la llaga lo puso también el vocero de este grupo, César Sotelo, quien nos dijo en la 730AM que el paro es claramente un chantaje de los empresarios del CETRAPAM, que gracias al subsidio vienen cobrando mucho más de lo que cobran los transportistas internos, unos 4.453 guaraníes por viaje convencional frente a los 2.800 guaraníes de los que no reciben subsidio alguno.
“Nosotros estamos aguantando, y ellos con un subsidio de más de dos mil guaraníes por boleto dicen que no pueden trabajar” remató el vocero.
Es por eso que en medio de todo queda la sensación de que el gobierno cede una vez más, al sentarse a negociar con quienes lo amenazan con interrumpir la prestación de sus servicios, y no optar por la vía de aplicar directamente lo que exige la ley.