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A priori, parece utópico que los nuevos administradores puedan cambiar en las instituciones públicas décadas de prácticas corruptas en las que están involucrados principalmente dirigentes del mismo partido que los puso en el poder.
Resulta imposible creer en algunos flamantes ministros que manifiestan su intención de no dar más lugar al prebendarismo y clientelismo en las instituciones a su cargo, más aún cuando justamente eso es lo que prometió Peña en la campaña electoral.
El ahora mandatario afirmó sin ruborizarse en un acto proselitista que los cargos públicos se otorgan a quienes “mojan la camiseta” y que quienes los ostentan no es gracias a sus títulos (académicos) o “por ser guapitos” sino gracias al Partido Colorado.
Había una remota esperanza de que tales expresiones solo fueran pirotecnia de campaña electoral y que no se llevarían adelante. Sin embargo, a esta altura, el mandatario parece estar enredado ya en la telaraña de la administración pública, obligado a responder a reclamos de sus partidarios y con el problema de no contar con suficiente presupuesto.
La novedad en esta administración es que el presidente puesto por el Partido Colorado ha delegado, aparentemente, el manejo político partidario a su vicepresidente Pedro Alliana.
Y Alliana es más que nada un brazo ejecutor de los deseos del expresidente Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, líder real del sector político que está en el poder.
Los nombramientos, destituciones y movidas que se produjeron deben leerse en el marco de este novedoso manejo del poder que se asemeja al de una empresa en la que hay, básicamente, un dueño-propietario, un gerente general y un administrador político. Los dos últimos responden al primero por sus actos.
Sin embargo, la administración de un país no se condice exactamente con la lógica empresarial, como lo comprobó durante su mandato el mismo Cartes quien solía quejarse, por ejemplo, de la diferencia entre los plazos de ejecución de las decisiones en el sector privado con el sector público. En este último hay burocracia, debe haber transparencia, y se está a expensas de la mirada y el control de la ciudadanía y los medios de comunicación.
En realidad, a Peña no le quedan ahora 83 días, como él quisiera creer. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos días le restan de “luna de miel” en el poder, si es que le restan.
Cuestiones recientes como el conflicto con la UE en relación al convenio que se pretende anular de manera inconstitucional, el “malentendido” con el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, que dejó en ridículo a nuestras autoridades, el “futbolacho” del imputado senador Erico Galeano y amigotes en la residencia presidencial dando señales de impunidad avaladas por el Ejecutivo, ya expusieron debilidades del Gobierno.
Pero las mismas pasarán a ser anecdóticas cuando haya crisis concretas que desafiarán al mandatario y pondrán a prueba el sistema de responsabilidades compartidas con el que el cartismo se plantea gobernar el país.