¿A qué le temió la Corte?

En el reciente “Foro Internacional sobre Cooperación entre Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. en la lucha contra el Crimen Organizado, Lavado de Dinero y las Criptomonedas” se analizó desde la academia el fenómeno que viene enriqueciendo a los líderes de las organizaciones ilícitas, desangrando a la economía legal y afectando al bienestar de la sociedad en la zona de la Triple Frontera y por extensión al desarrollo regional.

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Aunque suene cliché, uno de los factores fundamentales para combatir esto es la cooperación; esa que involucra a los órganos de seguridad, de justicia y también a los gremios que nuclean al comercio y las finanzas en las fronteras, así como a la sociedad civil.

Siguiendo esa línea, el evento aludido contó con la organización de tres actores clave que se ajustan a lo mencionado: la asociación State Alumni Paraguay, el Centro de Estudios Hemisféricos William Perry y, en un principio, también a la Corte Suprema de Justicia, que había declarado de interés dicho evento.

Representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay también habían comprometido su participación. Pero, a menos de 24 horas de realizarse el evento, la Corte decide retirarse y unilateralmente comunicar que el evento no se llevaría a cabo por “cuestiones de agenda” de las principales autoridades.

Apelando a lo que podríamos llamar la cultura de la cancelación extorsiva, la Corte boicoteó el evento mintiendo, pues el mismo habían retirado a su principal oradora por Paraguay, la Dra. Carolina Llanes y conminó tácitamente a sus funcionarios a no participar del evento y cerrar las puertas de su local para alojar a los asistentes.

Sin embargo, el evento siguió y el espacio de la UNE fue escenario para este debate cuya principal conclusión fue, como dijimos, la cooperación. Pero por sobre todo la voluntad de iniciar un cambio real.

En un mundo en el que el crimen organizado y el cibercrimen están diez pasos por delante de las legislaciones y sanciones jurídicas, llama la atención que Paraguay, a través de la Corte, se haya retirado de esta discusión, aparentemente disgustado porque olió que lo que se diría sobre financiación del terrorismo no sería de su agrado.

Esta actitud nos habla de que, en nuestro país, al menos parte del sistema judicial, no está interesado en combatir al crimen organizado y teme sentarse a hablar de temas que son cruciales debatir en un entorno académico.

Si no es capaz de hacer esto, tampoco será capaz de debatir en cuestiones referidas al combate efectivo del crimen organizado ya sea en la Triple Frontera como en cualquier otra parte del país.

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