Tras prueba, abren sumario contra empresas

El Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), abrió sumario contra cinco empresas del transporte público que, pese a contar con buses inclusivos, no alzan a personas en silla de ruedas.

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El Viceministerio de Transporte abrió sumarios administrativos a las empresas Vanguardia SA (Línea 30), Automotores Guaraní SRL (Línea 15), MAGNO SA (Línea 12), La Sanlorenzana (Línea 56) y San Isidro SRL (Líneas 8, 48 y 51), por infracciones a la accesibililidad de personas con discapacidad en las unidades del transporte público de pasajeros.

Los sumarios fueron abiertos conforme a un material audiovisual publicado en las redes sociales del cual el Viceministerio tomó conocimiento. Las empresas sumariadas fueron notificadas de la decisión adoptada, dándose inicio al proceso sumarial. Al respecto, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, manifestó que “es una situación lamentable que no puede de ninguna manera ser tolerada, por lo que vamos a ser implacables en las sanciones a ser aplicadas a este tipo de infracciones”.

Teófilo Urbieta, de la organización “Parigual”, junto con dos estudiantes de cinematografía de una universidad privada (Beatriz Goméz y Vincent Willms), realizó una prueba para saber por qué muchas personas con discapacidad y que requieren de una silla de ruedas no usan los buses inclusivos que circulan por las calles.

La prueba se realizó en algunas paradas sobre avenidas importantes del país, a la espera de buses con rampas que pueda llevar al pasajero en silla de ruedas. Urbieta llevaba una cámara filmadora en el pecho.

En el video, que “Parigual” hizo circular en redes sociales, se observa cómo choferes de distintas empresas se excusan de levantar al joven bajo argumentos como “no funciona la rampa” o “no está configurada”, entre otras explicaciones. Luego de unas 8 horas, una de las unidades del transporte detuvo la marcha y el conductor alzó a Urbieta.

El Estado paraguayo pagó a los empresarios un subsidio de US$ 30.000 por cada unidad del transporte público 0 km que era adquirida. Los buses debían tener aire acondicionado y rampas para personas con discapacidad.

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