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La propuesta fue presentada ayer en la Cámara de Diputados por Édgar Ortiz. Lleva por nombre "Proyecto de ley que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivo y difamatorio".
En su artículo 1, el documento señala que los proveedores de aplicaciones y redes sociales online estarán obligados a “suspender inmediatamente cualquier acto ofensivo o difamatorio escrito de forma anónima en sus páginas contra partidos, movimientos o candidatos electorales”. Esto se dará solo en caso de que los afectados presenten una denuncia.
En el artículo 2 consigna que, una vez identificado plenamente el autor del comentario, los proveedores de aplicaciones podrán mantener el mismo en la web.
El diputado Édgar Ortiz, encargado del proyecto de ley, señaló que la única intención de la normativa es identificar a quienes calumnian y difaman ocultos tras los perfiles falsos. “Queremos que la sociedad se haga responsable y asuma lo que escribe. Solo queremos censurar a los irresponsables y cobardes que tiran la mierda y se esconden, crean un estado de turbulencia no real y no asumen las consecuencias”, argumentó.
De igual manera, indicó que los políticos son muy afectados por ofensas y acusaciones injustificadas que hasta alcanzan a sus familias, por lo cual es importante que quienes las realizan tengan nombre y apellido. “Una vez que los proveedores de las redes sociales identifiquen a los autores, podrán reponer los comentarios, eso es lo que se aclara en el artículo 2”, aclaró.
Sobre el método de aplicación de esta norma, no supo señalar cuál sería exactamente. Solo reiteró que los propios políticos deberán contactar directamente con los proveedores de internet. La normativa, según Ortiz, fue copiada de una ley que había sido aprobada en Brasil recientemente, la cual tampoco indica la necesidad de una orden judicial antes de eliminar los comentarios.
Por su parte, Asa González, titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, manifestó que desconoce el proyecto presentado por su par, pero que es muy importante buscar una manera de atacar los perfiles falsos.
La normativa aprobada en el país vecino fue duramente cuestionada por todas las organizaciones defensoras de la libertad de expresión El principal motivo de la crítica fue que el marco legal de Brasil sostiene que solo se puede obligar la eliminación de un contenido en línea mediante una orden judicial y, gracias a esta ley, la misma ya no será necesaria.
Tres asociaciones que representan a diarios, revistas, estaciones de radio y televisión en Brasil divulgaron un comunicado conjunto en el que dicen que la ley es una forma de censura.