Ya en la sesión inaugural, a la que asistió el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Alicia Pucheta, señaló que los retos de la Cumbre son aportar credibilidad a las instituciones judiciales desde la transparencia y la erradicación de la corrupción.
“Los poderes judiciales nos encontramos ante un gran desafío: combatir la corrupción y la impunidad para recuperar la credibilidad del ciudadano”, dijo Pucheta durante la apertura, en el edificio del Banco Central.
En el mismo sentido se manifestó el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, Carlos Lesmes, quien se refirió a la corrupción en las instituciones judiciales como un escollo para el desarrollo social y la cultura de paz.
“No hay seguridad jurídica, ni cultura de paz, ni desarrollo social posible en aquellas sociedades en que la corrupción se apodera de las instituciones”, afirmó el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial español.
Sobre la cultura de la paz, otro de los puntos centrales de la reunión, la titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan, dijo que “la paz no es la ausencia de conflictos, sino su manejo para evitar que se conviertan en enfrentamientos y violencia”.
Además de estos asuntos, los administradores de Justicia iberoamericanos afrontan el reto de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información a través del empleo de un lenguaje comprensible en los documentos judiciales.
“La Justicia debe ser capaz de hablar claro, sin renunciar por ello a la precisión de sus mensajes. Los que tenemos encomendada la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debemos hacer un esfuerzo por adaptar nuestro lenguaje para que seamos comprendidos por aquellos a quienes nuestras palabras y escritos van dirigidos”, declaró Lesmes.
Durante la primera sesión de la asamblea plenaria, que se desarrolló en la sede de la Conmebol, en el Gran Asunción, se revisó la aplicación de las Reglas de Brasilia, las normas adoptadas por las instituciones judiciales iberoamericanas para garantizar el acceso a la Justicia a personas en situaciones de vulnerabilidad.
Los participantes pidieron que se incluya en la noción de vulnerabilidad a las personas afectadas por los impactos negativos del cambio climático, a las discriminadas por su orientación sexual o por su identidad de género, a aquellas con discapacidad psicosocial, los afrodescendientes y los hablantes de idiomas indígenas, entre otros grupos.
La cumbre hizo también hincapié en la lucha contra la discriminación por motivos de género, con la firma de un acuerdo de colaboración entre esta institución, la Segib y ONU Mujeres.
Durante la firma de este convenio, la representante de la Comisión de Género de la Cumbre, Zarela Villanueva, solicitó que se unifiquen los datos estadísticos sobre violencia machista y feminicidio en los países iberoamericanos.
La cita entre los máximos órganos judiciales iberoamericanos servirá también para que España otorgue el relevo de la Secretaría Permanente de la Cumbre, puesto que ocupa desde 1997, y que cederá ahora a otro país para aportar un “mayor acento latinoamericano”, según declaró en diciembre Lesmes.
El presidente del CGPJ recordó la aportación de los países latinoamericanos a la Cumbre Judicial, y se mostró confiado en que “van a dar nuevas alas” a la organización.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias entre presidentes y representantes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de 23 países.
La forman Andorra, España, Portugal, Costa Rica, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.