El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, rechazó las acusaciones de los choferes, quienes afirmaron que no tuvieron participación en la elaboración del plan de reforma del transporte público.
Sostuvo en entrevista con ABC que sí existió participación de los gremios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Incluso afirmó que la ley incorpora modificaciones que surgieron de las peticiones de los trabajadores y que una eventual huelga “no tiene mérito suficiente”.
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“Sí hubo participación y aportes de los choferes”, afirma el Gobierno
El viceministro explicó que el proyecto original sufrió cambios en las dos cámaras del Congreso, y que esos ajustes respondieron a planteamientos de los gremios.
“Hubo muchas conversaciones con los chóferes. En el Senado se atendieron algunos reclamos y en Diputados otros más. Si uno compara la versión original con la que aprobó Diputados, hay una evolución que tuvo en cuenta precisamente lo solicitado por los trabajadores”, señaló.
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Aseguró que se habilitaron audiencias públicas, reuniones con líderes de bancada, encuentros con la ministra de Obras Públicas y también una mesa tripartita en el marco de una amenaza de huelga previa. “No es cierto que no hubo espacios. Hubo participación en todas las instancias formales”, insistió.
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Servicio “imprescindible”: el punto que genera conflicto
El principal cuestionamiento de los gremios apunta a la declaración del transporte público como servicio imprescindible, lo que obliga a garantizar un mínimo del 60% de cobertura durante una huelga. Los sindicatos sostienen que el servicio es “esencial, pero no imprescindible”.
Fernández defendió el criterio adoptado y aseguró que se basa en la jurisprudencia internacional y en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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“La OIT considera al transporte público como un servicio de importancia trascendental. Por eso es compatible el derecho a huelga con la obligación de garantizar un mínimo”, explicó.
También señaló que el 60% representa ya una reducción respecto a versiones anteriores que planteaban mínimos del 70%.
“Si el 60% es el mínimo, significa que el 40% no operará. Eso implica que cerca de 150.000 personas no podrán movilizarse. La medida sindical sigue teniendo mucha presión y muchísima gente va a sufrir ese día. O sea que no conculcamos con su derecho”, afirmó.
Sobre bajar el mínimo por debajo de 50%, el viceministro señaló que el proyecto tiene jurisprudencia en leyes de varios países del mundo. “Yo creo que estamos en la línea del derecho, no conculcamos ningún derecho, pero precautelamos que todos tengan su derecho”, señaló.
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“No hay mérito suficiente”, dice el viceministro
El viceministro dijo que sigue con atención el anuncio de un posible paro el viernes, aunque aclaró que oficialmente no recibió notificación de ese congreso sindical.
“Apelo a que entiendan que no hay mérito suficiente para ir a una huelga. La reforma respeta su derecho y responde a estándares internacionales. También debemos proteger el derecho de la ciudadanía a movilizarse, más aún en diciembre”, expresó.